- La Fiscalía Especializada mantiene 17 carpetas de investigación activas, relacionadas con violencia política de género, coacción del voto y posible desvío de recursos públicos
- El fiscal Daniel Gutiérrez informó que la meta es resolver las carpetas antes del inicio del próximo proceso electoral, programado para octubre del siguiente año
- El uso indebido de recursos públicos es un delito grave que puede sancionarse con hasta nueve años de prisión e inhabilitación del servidor público
A la fecha, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mantiene 17 carpetas de investigación activas por diversas causas, entre ellas violencia política en razón de género y posible desvío de recursos, informó el fiscal electoral Daniel Gutiérrez Ruvalcaba. El funcionario precisó que, además, existen asuntos pendientes próximos a resolverse, como suspensiones condicionales a proceso, así como otros que continúan en etapa de integración.
Explicó que algunos de los casos en investigación corresponden a denuncias públicas, como la presunta violencia política en razón de género atribuida a integrantes de Morena, donde las carpetas se encuentran en proceso de integración. “Hay algunas que requieren dictámenes especializados en materia pericial y eso es lo que hace que nos tardemos un poco más en la integración, pero vamos avanzando”, señaló.
En el caso específico relacionado con la rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), indicó que la integración avanza con mayor rapidez, debido a la naturaleza de los delitos denunciados.
Gutiérrez Ruvalcaba detalló que actualmente se trabaja para resolver las 17 carpetas de investigación antes de que inicie el próximo proceso electoral, el cual arrancará en octubre del próximo año. “Es la meta que tenemos y pronto estaremos dando nuestro informe, donde daremos a conocer todos los datos y actividades que estamos realizando”, apuntó.
Añadió que entre las carpetas abiertas también se investigan posibles casos de coacción del voto y utilización indebida de recursos públicos, como personas que presuntamente realizaron actividades proselitistas en horarios laborales, por lo que se analiza si existen los elementos suficientes para proceder a la judicialización.
El fiscal electoral explicó que la Fiscalía también puede actuar de oficio, aunque destacó la importancia de los señalamientos ciudadanos cuando se percibe la posible comisión de un delito electoral. Aclaró que los actos anticipados de campaña no constituyen un delito, sino una infracción administrativa, salvo que se acredite el financiamiento con recursos públicos o ilícitos, lo cual sí puede configurar un delito.
Precisó que hasta el momento no se han iniciado investigaciones por actos anticipados de campaña, ni se han recibido denuncias formales o reportes que obliguen a abrir carpetas por este motivo.
En cuanto al uso o desvío de recursos públicos, subrayó que se trata de un delito grave, previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con penas de hasta nueve años de prisión y la inhabilitación del servidor público, en caso de acreditarse. Actualmente, dijo, se tiene una carpeta activa relacionada con este delito, específicamente por el uso de recurso humano.
Finalmente, Gutiérrez Ruvalcaba recordó que existen antecedentes de personas periodistas sentenciadas por violencia política de género por el Tribunal Electoral de Aguascalientes, y que actualmente se realizan algunas investigaciones por posibles señalamientos contra periodistas. No obstante, enfatizó que el ejercicio periodístico cuenta con un marco de protección, al tratarse del derecho a informar y ejercer la crítica.
“Las personas servidoras públicas deben entender que ocupar un cargo implica un foco de atención; mientras no se incurra en violencia en razón de género, la crítica hacia servidores públicos, sea hombre o mujer, es válida”, concluyó.
