- Diputados de Morena denunciaron presunto uso de recursos públicos para favorecer a Laura Álvarez Soto
- La Contraloría capitalina investiga irregularidades en una obra inmobiliaria en Polanco
- Vecinos acusan bloqueos a proyectos ciudadanos y posibles conflictos de interés en la alcaldía
El alcalde de Miguel Hidalgo enfrenta denuncias administrativas y señalamientos políticos por presunto uso indebido de recursos públicos, irregularidades en obras y omisiones en rendición de cuentas, sin que hasta ahora exista una sanción firme en su contra.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, enfrenta una serie de denuncias y señalamientos públicos que van desde un presunto desvío de recursos en beneficio de su esposa, hasta irregularidades en obras inmobiliarias en Polanco, conflictos con vecinos de la demarcación, falta de rendición de cuentas y confrontaciones constantes con el Congreso de la Ciudad de México.
Militante del Partido Acción Nacional y alcalde desde 2021, cargo para el que fue reelecto en 2024, Tabe Echartea se ha consolidado como una de las figuras visibles del panismo capitalino, pese a los señalamientos que lo acusan de utilizar políticamente la alcaldía para impulsar su carrera y la de su esposa, la diputada local Laura Álvarez Soto.
El señalamiento más reciente fue presentado por diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quienes informaron haber interpuesto una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina por el presunto uso indebido de recursos de la alcaldía Miguel Hidalgo para favorecer políticamente a Álvarez Soto.
De acuerdo con los legisladores Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo, existen indicios de que programas institucionales, actos públicos y difusión oficial de la alcaldía habrían sido utilizados para posicionar la imagen política de la legisladora, lo que, sostienen, podría configurar un desvío de recursos públicos con fines político-electorales.
Indagan obra en Lafontaine 110, en Polanco
A los señalamientos políticos se suma una investigación administrativa relacionada con la obra ubicada en Lafontaine 110, en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la capital.
Según información publicada por La Jornada, la Contraloría General de la Ciudad de México abrió un expediente para revisar posibles irregularidades en la autorización, supervisión y ejecución de la construcción.
Derivado de un exhorto aprobado por el pleno del Congreso capitalino el 11 de septiembre pasado, fueron señalados el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Mauricio Garrido López, así como los titulares de las direcciones ejecutivas de Registro y Autorizaciones, Esther Alicia Martínez Castañeda, y de Servicios Urbanos, José David Rodríguez Lara.
En el punto de acuerdo se denunciaron omisiones y posibles encubrimientos que habrían permitido la construcción de un piso excedente durante el primer periodo de la actual administración. La autoridad de control confirmó que el procedimiento sigue en curso y que aún no se ha determinado responsabilidad administrativa.
No es el único caso ante la Contraloría. En paralelo, vecinos de la colonia Anzures presentaron una denuncia por el presunto bloqueo deliberado de un proyecto aprobado mediante presupuesto participativo, al acusar a la alcaldía de imponer trabas administrativas que impidieron su ejecución.
“Esta cadena de obstrucciones ocurren en un contexto en el que la alcaldía ha mostrado respaldo abierto a otro proyecto que no se eligió, promovido por el vecino Alejandro Curiel, que no obtuvo el respaldo ciudadano, pero ha mantenido una relación cercana con el alcalde lo que plantea un evidente conflicto de interés”, señaló el Comité de Ejecución del proyecto vecinal.
La decisión del Congreso capitalino de dar vista a la Contraloría y al Órgano Interno de Control ocurrió luego de que Tabe no compareciera para explicar el ejercicio presupuestal de la demarcación. Legisladores, principalmente de la Cuarta Transformación, consideraron la ausencia como una falta a la rendición de cuentas, mientras que el alcalde argumentó desacuerdos sobre el formato de la reunión.
La controversia se suma a una denuncia anunciada por la bancada de Morena contra los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, a quienes señalan por presuntamente movilizar vendedores informales durante la marcha de la Generación Z. El vocero Paulo García confirmó que también se presentarán quejas ante la Contraloría capitalina.
La polémica ha acompañado a Tabe en distintos momentos, incluidos videos difundidos en redes sociales que lo muestran presuntamente en estado de ebriedad durante actos públicos, sin que se hayan informado sanciones administrativas.
Uno de los episodios más graves ocurrió en septiembre de 2022, cuando Daniel Tabe, padre del alcalde, amenazó con un cuchillo a un verificador del Instituto de Verificación Administrativa durante una diligencia de clausura. El caso fue judicializado por el delito de amenazas y el alcalde se deslindó del hecho.
Hasta ahora, ninguna de las denuncias ha derivado en una sanción firme, aunque varias permanecen en fase de investigación. Mientras legisladores y organizaciones vecinales advierten un patrón de opacidad y conflictos de interés, la alcaldía de Miguel Hidalgo sostiene que se trata de una ofensiva política sin sustento legal.
