Durante décadas, el Estado francés castigó cuerpos, deseos y decisiones. Esta semana, ese mismo Estado dio un paso inédito: reconocer que fue injusto. La Asamblea Nacional de Francia aprobó dos leyes históricas para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar antes de la legalización del aborto y a personas homosexuales perseguidas bajo leyes discriminatorias que marcaron generaciones enteras.
No se trata solo de leyes. Se trata de memoria, de dignidad y de admitir que el sistema legal también ha sido un instrumento de violencia.
Mujeres criminalizadas por decidir sobre su cuerpo
Hasta 1975, abortar en Francia era un delito. Miles de mujeres —en su mayoría pobres, jóvenes o sin redes de apoyo— fueron condenadas, encarceladas, señaladas y forzadas a abortos clandestinos, muchos de ellos mortales. La nueva ley reconoce oficialmente que esas sentencias fueron una injusticia y que el Estado vulneró los derechos fundamentales de las mujeres.
La rehabilitación no implica compensaciones económicas, pero sí algo clave: la anulación simbólica y legal de las condenas, y el compromiso del Estado de preservar la memoria de quienes pagaron con su libertad, su salud o su vida por decidir.
En un contexto global donde el derecho al aborto vuelve a estar bajo ataque, el mensaje es potente: criminalizar el aborto siempre fue violencia institucional.
La persecución legal contra personas homosexuales
La segunda ley apunta a otra deuda histórica. Durante décadas —incluso después de la Segunda Guerra Mundial— Francia mantuvo leyes que castigaban de forma específica a las relaciones homosexuales, con edades de consentimiento diferenciadas y sanciones por “ofensas a la moral”.
Miles de personas fueron procesadas, encarceladas o marcadas de por vida simplemente por amar a alguien de su mismo sexo. La ley reconoce que esa persecución fue discriminatoria y contraria a los derechos humanos, y contempla rehabilitación legal e indemnizaciones económicas para las víctimas.
Es un reconocimiento explícito de que la homofobia no fue solo social: fue política y legal.
Reparar no borra, pero nombra
Estas leyes no deshacen el daño ni devuelven los años perdidos. Pero hacen algo fundamental: nombran la injusticia y señalan al responsable. El Estado deja de mirar hacia otro lado y asume que fue parte activa de la violencia.
En tiempos donde los discursos conservadores intentan reinstalar la idea de que los derechos son “excesos”, Francia recuerda algo esencial: los derechos no fueron concesiones, fueron conquistas frente a leyes que castigaban existir.
Un mensaje que cruza fronteras
La pregunta es inevitable:
¿cuántos países siguen sin pedir perdón?
¿cuántas mujeres y disidencias sexuales siguen siendo criminalizadas hoy, en nombre de la moral, la religión o el orden social?
La reparación histórica no es el final del camino, pero sí una advertencia clara: los Estados también deben rendir cuentas por las violencias que legalizaron.
Porque sin memoria, no hay justicia.
Y sin justicia, los derechos siempre están en riesgo.
