- En Aguascalientes operan 186 centros de rehabilitación, pero solo 15 cuentan con reconocimiento oficial, debido a la limitada capacidad institucional para supervisarlos adecuadamente
- La Dirección de Salud Mental dispone únicamente de dos psicólogos especializados, por lo que las revisiones se realizan mediante visitas conjuntas con personal de salud, seguridad, protección civil y derechos humanos
- Autoridades advierten que algunos centros podrían incurrir en malos tratos o prácticas inadecuadas, por lo que se plantea que el reglamento vigente se eleve a rango de ley
El director de Salud Mental del estado, Héctor Grijalva Tamayo, informó que en Aguascalientes existen 186 establecimientos de rehabilitación, una cifra que rebasa la capacidad de supervisión de las autoridades estatales. Reconoció que actualmente no se cuenta con el personal ni los recursos suficientes para realizar una vigilancia permanente y especializada en todos estos centros.
“Deberíamos supervisarlos, pero no tenemos ni el personal ni los recursos, pues eso requiere personal especializado; solo hay dos psicólogos dedicados a esta tarea”, explicó. Añadió que existe una supervisión mixta de evaluación, integrada por personal de salud, elementos de seguridad pública, protección civil y derechos humanos, quienes realizan visitas conjuntas a algunos establecimientos.
Grijalva Tamayo detalló que, de los 186 centros existentes, solo 15 están reconocidos oficialmente, a los cuales se les otorga un distintivo por cumplir con los requisitos establecidos. Señaló que hay otros centros que no solicitan dicho reconocimiento porque son privados y de alto costo.
Indicó que los centros reconocidos reciben apoyo económico de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que puedan atender a un número determinado de personas. En contraste, la mayoría no cuenta con reconocimiento debido a que no existe la capacidad institucional para supervisarlos de forma constante.
El funcionario explicó que muchos de estos establecimientos surgen de manera espontánea, sin aviso previo a la autoridad. “Los crean familiares de personas con adicciones, amistades, agrupaciones civiles o religiosas, y simplemente comienzan a operar”, señaló.
Cuando las autoridades realizan visitas y detectan que no cumplen con los requisitos, aclaró que no pueden clausurarlos, ya que no tienen atribuciones legales para ello; sin embargo, sí emiten recomendaciones para que mejoren sus condiciones de operación.
Advirtió que esta falta de supervisión puede propiciar que algunos centros incurran en castigos, malos tratos o prácticas inadecuadas, por lo que, en caso de existir una denuncia formal, se activa el proceso de revisión correspondiente.
Grijalva Tamayo añadió que actualmente solo existe un hospital público especializado, el Centro de Atención Psiquiátrica (CAPRA), mientras que el resto de los servicios de este tipo son privados.
Finalmente, señaló que ya existe un reglamento para regular los llamados anexos, pero subrayó la necesidad de que este instrumento se convierta en ley, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros que operan de manera deficiente. Precisó que el estándar indica que en un anexo no debería haber más de 30 personas, aunque reconoció que actualmente es imposible saber cuántas personas atiende cada centro.
