Sheinbaum frena impuesto a videojuegos violentos y apuesta por educar, no castigar
El gobierno de Claudia Sheinbaum decidió dar marcha atrás a una de las propuestas más polémicas del Paquete Económico: el impuesto a los videojuegos con contenido violento. La presidenta anunció que, aunque la medida fue incluida en la Ley de Ingresos, no se cobrará, y en su lugar se impulsarán campañas de concientización dirigidas a jóvenes y adolescentes.
La propuesta original planteaba gravar con un impuesto especial a videojuegos considerados “violentos”, bajo el argumento de que este tipo de contenidos pueden influir en conductas agresivas o generar adicciones. Sin embargo, el plan encendió alertas desde distintos frentes: ¿quién define qué es un videojuego violento?, ¿con qué criterios?, ¿desde qué perspectiva cultural?
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció el problema de fondo: no existe una definición clara ni objetiva para clasificar los videojuegos, lo que haría la medida arbitraria y difícil de aplicar. “No se puede poner un impuesto si no se tiene claridad en la clasificación”, explicó, al tiempo que subrayó que su gobierno no busca censurar ni criminalizar expresiones culturales.
Pero la decisión va más allá de una cuestión técnica. El viraje revela una postura política: la violencia no se combate con impuestos simbólicos, sino con políticas públicas de fondo. En lugar de castigar el consumo, el gobierno optará por campañas educativas enfocadas en la prevención de adicciones, el uso responsable de plataformas digitales y la construcción de una cultura de paz.
El anuncio fue recibido con alivio por la comunidad gamer y por sectores que veían en el impuesto una medida simplista frente a un problema complejo. Especialistas han señalado que vincular directamente videojuegos y violencia ignora factores estructurales como la desigualdad, la falta de acceso a la educación, la precarización de la vida juvenil y la normalización de la violencia en otros ámbitos, incluidos los medios y la política.
La cancelación del impuesto también abre una discusión necesaria: ¿por qué el Estado suele voltear primero a regular el ocio juvenil y no las condiciones que rodean su vida cotidiana? Mientras millones de jóvenes crecen en contextos atravesados por la violencia real —la de las calles, la del crimen organizado, la de la exclusión—, el debate público suele quedarse en lo superficial.
Sheinbaum dejó claro que el tema no está cerrado, pero sí reencuadrado. El reto, ahora, será que las campañas de concientización no se queden en spots vacíos, sino que formen parte de una política integral que escuche a las juventudes y entienda sus realidades digitales sin estigmatizarlas.
Porque educar siempre será más efectivo que prohibir. Y gobernar, más complejo que señalar culpables fáciles.
