- Se denuncia la represión contra jóvenes que se manifestaron pacíficamente contra el aumento al transporte público
- El incremento de 9.50 a 14.00 pesos es señalado como un golpe directo a la economía de las familias
- Se exige la liberación inmediata de las personas detenidas y el respeto al derecho a la protesta
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco condenó la detención y el maltrato de jóvenes que se manifestaron pacíficamente en contra del aumento a la tarifa del transporte público. Manifestarse, subrayó, es un derecho constitucional y no un delito, por lo que calificó como inaceptable que la respuesta del gobierno estatal haya sido la represión en lugar del diálogo.
La inconformidad social, señaló, tiene una causa clara: el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14.00 pesos, lo que representa un aumento del 47 por ciento y un impacto directo en la economía de miles de familias, estudiantes, trabajadoras y trabajadores. Aunque se intente justificar con argumentos técnicos y un supuesto subsidio, Morena Jalisco sostuvo que en la práctica es la población quien termina asumiendo el costo.
De acuerdo con el partido, los recursos anunciados no cubren ni la mitad de los viajes diarios necesarios, mientras el gasto se traslada a la gente y se comprometen fondos públicos que deberían destinarse a rubros prioritarios como salud, educación, seguridad, agua e infraestructura. En ese contexto, reiteró que el transporte público no debe tratarse como un negocio, sino como un derecho social.
Morena Jalisco calificó lo ocurrido como un tarifazo acompañado de simulación y consideró aún más grave que el gobierno encabezado por Pablo Lemus haya respondido a una demanda legítima con detenciones y criminalización de la juventud, en lugar de escuchar y corregir. Afirmó que este tipo de acciones no son aceptables en una democracia.
Finalmente, exigió la liberación inmediata de las y los jóvenes detenidos y el cese de cualquier acto de intimidación contra quienes ejercen su derecho a protestar. Reiteró su convicción de que es posible construir una alternativa de movilidad con responsabilidad social y justicia, que mejore el servicio sin cargar el costo al bolsillo de la gente, y dejó en claro su postura: no al tarifazo, no a la represión y sí a una movilidad pensada desde la justicia social y una democracia que escuche al pueblo.
