Existe en el Congreso Local una iniciativa de Ley desde el año 2008 del Partido Acción Nacional (PAN) que pretende hacer una modificación al artículo segundo de la constitución política del Estado de Aguascalientes. La iniciativa aún no ha sido votada, quiero suponer porque ha habido asuntos más importantes que atender que este intento de coartar la libertad. La iniciativa pretende que se modifique el artículo segundo para que quede de la siguiente forma: “Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, por ello nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”. Con esto, se pretende que se eleve a rango constitucional la prohibición del aborto en nuestro Estado. Las razones expuestas en la iniciativa, propias de un proyecto de un estudiante de secundaria de gobierno, rezan que es una necesidad de nuestro Congreso “tutelar” al respecto del derecho de la vida del embrión humano, bajo el incierto y vago sustento de que desde el momento de la concepción el embrión es ya una persona. Por lo que debería considerársele como un sujeto jurídico. Se alega en la iniciativa que se trata de un combate a la discriminación, y se intenta dar cuerpo de lógica citando convenciones sobre los “Derechos del Niño” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, pero ambos documentos hacen referencia a personas humanas y a niños como tales.
La parte que más me llamó la atención de la iniciativa dice “Es importante destacar que todas las personas, a cualquier edad, dependemos de la sociedad y más aún del núcleo familiar, por ello que desde el hogar debemos inculcar valores y debemos ser protectores de los derechos humanos”.
Mientras en entidades federativas como el Distrito Federal, se está haciendo el intento de modernizarse de acuerdo a una sociedad más incluyente y tolerante, el camino de esta iniciativa muestra el intento retrógrado de mandarnos a los siglos del oscurantismo basados en las creencias religiosas extremas de un grupo parlamentario. No es válido imponer la visión religiosa de persona alguna sobre otra u otras, para influir en la manera de vivir o conducirse. Si los parlamentarios del PAN o algún sector de la población consideran que el aborto no se debe de practicar, debería de bastar que ellos no lo hagan así. Lo imperdonable, por dictatorial, absolutista y hittleriano, es que se trate de imponer por Ley una prohibición sobre una acto que es de interés privado y no público. Permitir que se eleve a rango constitucional la personalidad jurídica del embrión contiene en sí alcances insospechados. Bajo esta pueril perspectiva, por ejemplo, si el embrión causara la muerte de su madre, entonces estaríamos hablando de un delito de asesinato. Y la persona jurídica enfrentaría, desde su nacimiento, el estigma de pasar su infancia en una correccional por su delito. También, los hijos no natos, serían legalmente capaces de participar en sucesiones testamentarias e intestamentarias. Pues sus padres tendrían un tanto de derechos sobre los legados a heredar por haber tenido un embarazo fallido durante la vida del difunto. Pero allende de las banalidades e hipotéticas situaciones de índole jurídica, es necesario poner un alto a la intervención del Estado en la vida privada y las decisiones de nosotros los ciudadanos.
La decisión de abortar o no, corresponde a la mujer y no al Estado Político. Ahondando, la penalización del aborto produce, en términos reales y prácticos, que quienes vayan a realizar un legrado o un aborto, lo tengan que hacer por medios clandestinos que no siempre cuentan con las condiciones óptimas para este tipo de intervenciones médicas. En lugar de poder asistir a una clínica médica en regla que salvaguarde su salud, tendrán que tomar el riesgo en lugares encubiertos. A un costo mayor del que tendrían si el proceso fuera legal. Si no se le debe a nadie imponer las ideas de otro, mucho menos es aceptable que se nos imponga un modo de vida, ni que se coarte nuestra libertad y nuestro derecho. Cada aborto posee circunstancias particulares que cada mujer en lo personal evalúa, y no se puede obligar a alguien a traer a una persona no querida o no deseada al mundo, bajo el cobijo de una religión. Además, el tema de cuándo uno llega a ser individuo, persona, incluye necesariamente el acto de estar consciente de su propia vida. Así, equiparar a un embrión con una persona, sería lo mismo, en términos legales, de igualar a un animal a un ser humano, o en el extremo trascendental a una planta o a cualquier organismo vivo como un virus o una bacteria. Se trata de la libertad de elegir y de que ningún órgano estatal nos diga cómo y en qué condiciones hemos de vivir nuestras vidas. Las personas que por su religión o su formación no les parezca que el aborto debe de practicarse, siempre tienen el derecho de abstenerse, pero no el de entrometerse en la vida de los demás. Desafortunadamente, las personas religiosas, en busca de validación de la idea que tienen de la vida, han necesitado, históricamente, tratar de imponer su visión de la vida y sus creencias a los demás.
El Estado no puede invadir nuestro espacio personal de decisión. Nuestro máximo derecho es la libertad, y parafraseando a Octavio Paz, “La libertad es el único derecho que se tiene que ejercer diario, so pena de perderse”.
