Durante su gestión al frente de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV), Daniel Sibaja ha encabezado un giro de fondo en la política pública del transporte: dejar atrás una visión mercantilizada para reconocer la movilidad como un derecho humano. Este cambio de enfoque ha comenzado a atender una deuda histórica de más de siete décadas, en las que millones de mexiquenses enfrentaron un sistema de transporte precario, desigual y excluyente.
Uno de los avances más relevantes ha sido la recuperación de la rectoría del transporte por parte del Estado, una acción clave para que la planeación, regulación y operación del servicio respondan al interés público. Con ello, se busca que el transporte deje de estar condicionado por intereses particulares y se convierta en una herramienta de bienestar social, fortaleciendo la gobernanza y la transparencia en el sector.
En el ámbito de la infraestructura, la actual administración ha impulsado proyectos estratégicos con una clara orientación hacia la justicia social. Destacan el Tren Ligero La Paz–Texcoco y la Línea 3 del Mexicable, obras largamente demandadas por la ciudadanía de la zona oriente del Estado de México. Estas iniciativas no solo mejoran la conectividad, sino que también representan un avance tangible en términos de dignidad, accesibilidad y oportunidades para miles de familias.
A estos esfuerzos se suma una coordinación estrecha con el Gobierno Federal, que ha permitido avanzar en proyectos de alto impacto como el Trolebús Elevado Santa Martha–Ixtapaluca, así como en la planeación de las Líneas 5, 6 y 7 del Mexibús. Esta colaboración interinstitucional, respaldada por autoridades federales en materia de transporte y sistemas ferroviarios, ha sido fundamental para acelerar la transformación de la movilidad en la entidad.
Los resultados alcanzados han contado con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con el trabajo constante de un equipo técnico y operativo comprometido con el cambio estructural del Estado de México. La gestión se ha distinguido por una labor institucional discreta pero efectiva, basada en el trabajo en equipo, la planeación y la ausencia de protagonismos, con un objetivo claro: que cada avance en movilidad se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.
