En enero de 2025, el Parlamento de Irak aprobó enmiendas a la histórica Ley del Estatuto Personal (Ley 188 de 1959), una reforma que ha encendido las alarmas de organizaciones feministas y de derechos humanos dentro y fuera del país. El cambio legal amplía el uso de códigos religiosos en materia de matrimonio, divorcio y custodia, particularmente el código Jaʿfari, seguido por la comunidad chií, debilitando el carácter civil y unificado de la legislación familiar iraquí.
La promesa de libertad religiosa se cruza con una amenaza directa a los derechos de mujeres y niñas.
Aunque el texto oficial de la ley mantiene la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, con excepciones judiciales desde los 15, el problema señalan especialistas está en lo que la reforma habilita en la práctica: la posibilidad de que los matrimonios se rijan por interpretaciones religiosas que no establecen una edad mínima clara y que, en el caso de la jurisprudencia Jaʿfari, permiten el matrimonio desde los 9 años, basándose en criterios de “madurez y capacidad física”.
Religión por encima del derecho civil
La reforma permite que las parejas o sus familias elijan que su vida familiar sea regulada por tribunales religiosos en lugar de tribunales civiles. Para defensoras de derechos humanos, esto supone un retroceso histórico frente a una de las leyes más progresistas del mundo árabe, que desde 1959 había limitado el poder del clero sobre la vida privada y protegido, al menos en el papel, a mujeres y niñas.
Organizaciones como Human Rights Watch y Plan International han advertido que esta modificación socava las salvaguardas legales contra el matrimonio infantil, una práctica ya extendida en algunas regiones de Irak debido a la pobreza, la violencia y la falta de acceso a educación.
El riesgo no es teórico
De acuerdo con activistas locales, el peligro no radica solo en lo que dice la ley, sino en cómo se aplicará. Al otorgar mayor autoridad a jueces religiosos, se abre la puerta a que matrimonios de niñas muy pequeñas sean legitimados legalmente, incluso si contradicen los estándares internacionales de derechos humanos.
Irak es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece los 18 años como edad mínima para el matrimonio, así como de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, estas enmiendas colocan al país en una posición cada vez más distante de esos compromisos.
Mujeres y niñas, las más afectadas
Colectivos feministas iraquíes han salido a las calles para denunciar que esta reforma no protege la diversidad religiosa, sino que normaliza la violencia estructural contra mujeres y niñas, especialmente en contextos donde la presión familiar y comunitaria impide cualquier consentimiento real.
“El matrimonio infantil no es tradición, es violencia”, han repetido activistas, advirtiendo que legalizarlo, incluso de forma indirecta, significa condenar a generaciones enteras a la pobreza, la deserción escolar y el abuso.
Un retroceso disfrazado de elección
La narrativa oficial defiende la reforma como una ampliación de libertades. Sin embargo, para quienes observan el impacto real, se trata de una privatización de derechos: el Estado se retira de su obligación de proteger a las infancias y deja esa responsabilidad en manos de interpretaciones religiosas profundamente desiguales.
En un país marcado por décadas de guerra y crisis, la pregunta que queda en el aire es clara:
¿libertad para quién, y a costa de quién?
