- El caso Next Energy no es aislado: forma parte de un patrón de contratos públicos millonarios sin servicios prestados que ya generó investigaciones y sanciones en otras entidades del país.
El empresario Eugenio Javier Maíz Domene, propietario de la empresa Next Energy, se encuentra detenido en Aguascalientes y bajo prisión preventiva, acusado del delito de fraude, derivado de un contrato de energía firmado con el municipio capitalino desde 2019.
De acuerdo con la información disponible, la detención obedece a irregularidades en un contrato para el suministro de energía eléctrica mediante un parque fotovoltaico, proyecto que nunca entró en operación, pero que comprometió recursos públicos por varios años. A pesar de que el servicio no se prestó, el esquema contractual generó pagos y obligaciones financieras para el Ayuntamiento, lo que derivó en denuncias penales.
Además del presunto fraude, el empresario enfrenta acusaciones adicionales por cohecho y amenazas, luego de que, durante su traslado bajo custodia policial, presuntamente ofreciera dinero a los agentes para evitar su ingreso al centro penitenciario, situación que abrió nuevas carpetas de investigación.
El proyecto energético de Next Energy ha sido ampliamente cuestionado por su impacto financiero negativo, al considerarse un pasivo para las finanzas municipales, ya que el parque solar carecía de permisos federales y nunca produjo energía para el consumo gubernamental. Ante ello, autoridades locales iniciaron procesos legales y reestructuraciones contractuales para frenar pagos y recuperar recursos.
El caso de Aguascalientes no es el único. En otras entidades como Baja California, la empresa y sus directivos han sido señalados por proyectos similares que tampoco se concretaron, lo que ha derivado en sanciones administrativas, detenciones de funcionarios vinculados y procesos judiciales en curso, reforzando la percepción de un esquema repetido de contratos fallidos.
Actualmente, el proceso legal contra el dueño de Next Energy continúa en manos de las autoridades judiciales, mientras se determina su situación jurídica y las posibles responsabilidades penales y patrimoniales por el daño al erario.
