Quién los salvará
Cada vez son más las señales que apuntan a lo que será la siguiente etapa del proyecto Trump contra los cárteles: operaciones en territorio nacional y cacería de narcopolíticos mexicanos. De acuerdo con el periodista Tim Golden, uno de los más influyentes en The New York Times, al menos cuatro instancias cuentan con robustas investigaciones sobre este último tema: la DEA, la CIA, el FBI y el Departamento de Justicia.
La tesis trumpista es clara: actores de gobierno en México han permitido la operación de los cárteles del narcotráfico, declarados enemigos públicos de Estados Unidos, y se han beneficiado de su relación con éstos. El fin de los cárteles mexicanos, de acuerdo con esa visión, implica una “limpia” de las estructuras de gobierno en nuestro país, que han sido infiltradas por este cáncer.
El presidente Trump no se equivoca cuando habla de un Estado fallido en México. Al menos en el terreno de la seguridad pública, la erosión y la debilidad es clara. Desde la infiltración de las policías municipales, estatales e incluso las Fuerzas Armadas; hasta la corrupción en Ministerios Públicos, Fiscalías y Tribunales. El aparato de justicia es el eslabón más débil de ese Estado al que se refiere el mandatario estadounidense.
Pero además y volviendo a las investigaciones reveladas por Golden, la complicidad de gobernantes y autoridades de primer nivel, ha permitido que los cárteles del narcotráfico se apoderen de regiones enteras, tengan influencia en procesos electorales, establezcan lazos con organizaciones criminales de otros países y se adueñen de recursos como los combustibles.
Todo ello sin contar el grado de impunidad con el cual han operado, al menos en los últimos 15 años, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); quienes cuentan con miles de puntos de lavado de dinero en todo el territorio nacional e incluso con la protección desde los más altos niveles de gobierno.
¿Quién podría entonces contradecir la famosa afirmación de Trump, de que en México mandan los cárteles y no el gobierno?
Las señales de que la guerra va en serio, repito, son claras y van en aumento. Desde el año pasado, el gobierno de Estados Unidos inició la cancelación de visas de diferentes actores políticos mexicanos. La última fue la gobernadora de Baja California, María del Pilar. Periodistas en éste y en aquel lado de la frontera, anticipan que la administración Trump tendría en la mira a cuadros de primer nivel del morenato, entre ellos gobernadores en activo, por sus vínculos con los cárteles del narcotráfico.
El arribo del avión Hércules de Estados Unidos el fin de semana, en Toluca, ha sido minimizado por la presidenta Sheinbaum y sus voceros. Lo mismo ha ocurrido con la información de sobrevuelos en aguas nacionales, de drones y aeronaves militares norteamericanas. Sin embargo, el presidente Trump ha reiterado (de manera unilateral) que iniciarán operaciones en México y que llevarán hasta sus últimas consecuencias, la guerra contra los cárteles.
Especialistas en temas de seguridad aseguran que los recientes cambios en las filas de primer nivel de las Fuerzas Armadas mexicanas, responden a la injerencia de Washington para alinear la estrategia. Mientras todo ello ocurre, continúan las ofrendas de criminales de primer y segundo nivel, extraditados hacia aquel lado de la frontera, para intentar calmar las aguas.
El manotazo de Venezuela provocó temor en toda la región y ello incluye al gobierno mexicano. El trumpismo dejó claro que no está jugando y, en esta partida, nuestro país no tiene margen de operación. Y para los narcopolíticos mexicanos queda la incógnita, acotada por un reloj al que cada vez le queda menos tiempo: quién los salvará.
