El director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, Fausto Barraza, informó que en dicha entidad el modelo de justicia laboral ha alcanzado una efectividad del 88.5%, lo que significa que nueve de cada diez asuntos que ingresan al proceso de conciliación se resuelven sin necesidad de llegar a juicio.
Barraza destacó que, a cinco años de la implementación de la reforma laboral, ya no se habla de un modelo a futuro, sino de un esquema con resultados medibles y comprobables. Señaló que, a nivel nacional, la tasa de conciliación supera el 77%, mientras que Chihuahua se ubica por encima de ese promedio.
Explicó que la función principal de los centros de conciliación es fungir como un filtro previo a los tribunales laborales, resolviendo los conflictos mediante el diálogo antes de que escalen a un juicio. “Nuestra función es detener los conflictos y evitar que se vayan a tribunales; de cada diez asuntos que ingresan, nueve se resuelven a través de la conciliación”, puntualizó.
El funcionario subrayó que uno de los principales beneficios del modelo es la rapidez en la resolución de los casos, ya que la ley establece un plazo menor a 45 días para concluir los procesos. Esto permite a las personas trabajadoras acceder a una justicia pronta y expedita, mientras que para los empleadores representa certeza jurídica y una solución más ágil a los conflictos.
Asimismo, destacó que el esquema de conciliación también juega un papel relevante en los procesos colectivos, como la revisión de contratos colectivos de trabajo, ya sea integral o salarial, donde el Centro de Conciliación puede coadyuvar para facilitar acuerdos entre sindicatos y empresas.
Barraza añadió que la reforma laboral delimitó claramente las competencias en materia colectiva, dejando estos procedimientos en el ámbito federal, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el cual Chihuahua mantiene coordinación permanente.
Finalmente, señaló que los resultados obtenidos reflejan que la conciliación se ha consolidado como una herramienta efectiva para fortalecer la justicia laboral, reducir la carga en los tribunales y fomentar soluciones basadas en el diálogo entre las partes.
