- Abogados y familiares de miembros de cárteles afirmaron que se les negó el debido proceso porque fueron enviados a Estados Unidos sin una orden de extradición, por lo que se violó la ley mexicana
Un grupo de abogados y familiares de importantes figuras del narcotráfico acusaron el lunes 26 de enero al gobierno de México de violar la ley al enviar a casi cien ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin una orden de extradición.
Esto ocurre menos de una semana después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviara a 37 miembros de cárteles detenidos a Estados Unidos, observadores describieron la acción como una oferta de las autoridades mexicanas para compensar las crecientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar medidas militares contra los cárteles.
Desde febrero pasado, México ha enviado un total de 92 miembros de cárteles en tres transferencias separadas a Estados Unidos, solicitadas por la administración Trump. Esto forma parte de una estrategia más amplia de Sheinbaum para combatir los cárteles y mantener una relación positiva con Trump.
Las transferencias han estado en el centro de un debate legal que ha cobrado mayor fuerza tras la entrega de la semana pasada. El gobierno mexicano ha mantenido que las transferencias fueron legales y se llevaron a cabo en nombre de la seguridad nacional. La administración Trump afirmó que los capos eran buscados por delitos en suelo estadounidense y que muchos de ellos tenían solicitudes de extradición pendientes por parte de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa el lunes, los abogados de los miembros del cártel afirmaron que se les negó el debido proceso porque fueron enviados a Estados Unidos sin una orden de extradición, lo que requiere un largo proceso legal en México.
“México se encuentra actualmente bajo una intensa presión por parte de Estados Unidos”, declaró Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas transferidas a Estados Unidos el año pasado. “Esto nos obliga a cuestionar seriamente si estas decisiones se están utilizando para obtener resultados políticos, incluso si se hace a costa del debido proceso o del Estado de derecho”.
Los argumentos se hacen eco de los esgrimidos por los abogados del infame capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ahora cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Sánchez Lagunas es el abogado defensor de Itiel Palacios García, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enviado a Estados Unidos en febrero pasado, y de Pablo Edwin Huerta Nuño, líder del Cártel Arellano Félix en el norte de México enviado en agosto.
Una socia de un líder regional del cártel de los Zetas, Vanesa Guzmán, llegó incluso a presentar una denuncia penal contra altos funcionarios del gobierno mexicano, en concreto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien ha encabezado gran parte de la ofensiva gubernamental contra los cárteles. Su socia, Juan Pedro Saldívar Farías, fue enviada a Estados Unidos la semana pasada en la última serie de traslados y está acusada de tráfico de armas y drogas.
Guzmán acusó a Harfuch y otros funcionarios de seguridad de “traición” en su denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República de México el lunes, aunque los abogados de los miembros del cártel transferidos dijeron que no tenían ningún recurso legal dentro de México para impugnar las transferencias ahora que sus clientes están fuera del país. “El traslado de mi pareja es nada menos que un exilio”, dijo. “Hasta hoy (27 de enero), no hemos tenido noticias suyas. Ni siquiera ha hecho la llamada que le corresponde legalmente”.
Algunos, como Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, restaron importancia a las quejas el lunes y elogiaron a las autoridades estadounidenses por “acelerar” un proceso legal que a menudo se estanca durante años porque los abogados presentan rondas de órdenes judiciales en un esfuerzo por frenar la aplicación de la ley.
Vigil señaló que la Constitución mexicana permite al presidente tomar medidas importantes, como la de la semana pasada, para proteger la seguridad nacional. Si bien Guzmán y sus abogados afirmaron que los detenidos no representaban una amenaza porque ya cumplían condena en México, Vigil se apresuró a señalar que los capos suelen utilizar las cárceles mexicanas como centros para sus operaciones criminales.
“Sheinbaum lo hizo para fortalecer la cooperación con el gobierno estadounidense, pero al mismo tiempo entiende que estas personas, si permanecen en prisión, suelen tener acceso a sus organizaciones criminales a través de sus teléfonos”, dijo Vigil. “Estas vías rápidas son extremadamente valiosas para garantizar que se enfrenten a la justicia”.
