- Analizan con CANADEVI efectos del nuevo ordenamiento en proyectos de vivienda social
- Señalan riesgos de incertidumbre jurídica, aumento de costos y freno a inversiones
- Diputadas y diputados buscan alternativas legislativas y de gestión para evitar afectaciones
Tras la aprobación de la Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta de México, diputadas y diputados del Congreso de Aguascalientes, convocados por la legisladora Jedsabel Sánchez, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), con el objetivo de analizar los posibles impactos negativos de este nuevo ordenamiento federal en el desarrollo de viviendas y parques industriales.
Durante el encuentro, integrantes de CANADEVI expusieron que, si bien se estableció un plazo de 180 días para armonizar la legislación nacional con las leyes locales, actualmente ya enfrentan problemáticas que dificultan el arranque de proyectos de vivienda social. Entre ellas, destacaron la incertidumbre jurídica que prevalece en los ayuntamientos encargados de autorizar este tipo de desarrollos, al estar a la espera de la actualización del marco legal local, así como nuevas condiciones que afectarían la factibilidad del servicio de agua.
Asimismo, señalaron una incongruencia entre el impulso a políticas públicas de vivienda social y las restricciones que plantea la nueva ley, particularmente en lo relativo al cambio de uso de suelo y la viabilidad del suministro de agua. Advirtieron que esta situación podría detener proyectos, encarecer costos, reducir la oferta para las personas adquirentes y, en consecuencia, provocar la pérdida de fuentes de empleo.
Ante este panorama, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de explorar y agotar todas las vías legislativas y de gestión ante las autoridades federales correspondientes, con el fin de encontrar soluciones que eviten frenar el desarrollo de vivienda, al considerar que las principales personas afectadas serían las y los ciudadanos que buscan acceder a un patrimonio.
