- La regulación anunciada por el gobierno capitalino ignora la comercialización sin control de perros y gatos, que es el origen del problema. Sin políticas públicas integrales, los refugios operan saturados, con recursos propios, mientras el Estado descarga la responsabilidad en mujeres rescatistas.
La discusión sobre la regulación de los refugios de animales en la Ciudad de México abrió un debate de fondo: el riesgo de que el Estado avance en la definición de obligaciones y mecanismos de supervisión sin asumir la parte que le corresponde en la atención estructural del abandono y el maltrato animal.
Esto trasladará nuevamente la carga de perros y gatos en situación de abandono a un grupo reducido de mujeres que, de manera voluntaria, ha sostenido durante años el rescate, cuidado y resguardo de animales ante la ausencia de una política pública integral basada en el control del nacimiento de animales con fines de lucro y la obligación de esterilizar perros y gatos.
El 20 de enero último, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó los puntos relevantes de la iniciativa que enviará al Congreso de la Ciudad de México para regular los refugios de animales. El planteamiento contempla la definición de estos espacios, la creación de un padrón, el establecimiento de condiciones mínimas de operación conforme a la Ley de Bienestar Animal, la delimitación de perímetros para su funcionamiento, mecanismos de supervisión y “rutas de apoyo gubernamental”.
Mientras, las condiciones que padecen perros y gatos abandonados en la capital mexicana están marcadas por una violencia brutal, sistemática y sostenida; esa problemática ha sido atendida durante años por rescatistas y activistas, la mayoría mujeres, que pueden tener o no un refugio o albergue donde alimenten, cuiden y se hagan cargo de la atención veterinaria de los animales que al no tener dueño pasan a ser de ellas con todas las obligaciones económicas que conllevan y sin recibir una paga a cambio.
Desde el terreno, quienes se encargan de este trabajo describen que los animales llegan a los refugios y clínicas en condiciones extremas: atropellados con fracturas múltiples, mutilados, quemados con agua o aceite, golpeados, arrojados desde azoteas, macheteados, con lesiones porque les explotaron cuetes dentro de la boca, con tumores, contagiados con enfermedades de transmisión sexual, abandonados en basureros, deambulando por calles y carreteras famélicos porque fueron abandonados por personas irresponsables.
El caso de las hembras es más dramática, tiradas como desechos cuando ya no sirven como pie de crías después de haberlas tenido pariendo durante años siendo ya gerontes ciegas y sin dientes y también son víctimas de violencia sexual por parte de hombres que las tienen consigo sólo para ese fin.
En algunos casos, las crías recién nacidas o con apenas unos días de vida son rescatados de contenedores de basura o envueltos en bolsas que son arrojadas a las calles como si fueran basura. en otros, los animales han pasado días sin alimento ni atención médica. La magnitud del maltrato y abuso a perros y gatos, llamados animales de compañía, no distingue si son mestizos o de raza. El abuso es tanto que cuando por fin son rescatados, incluso de casas donde se supone que debían cuidarlos, la única alternativa posible para acabar con el sufrimiento y dolor es la eutanasia.
De acuerdo con las activistas y rescatadoras Yadira Cisneros, Celia Elena Charui, Cecilia González Landín y Graciela Mata, la atención a animales en situación de calle —que incluye rescate, resguardo, atención veterinaria, esterilización y búsqueda de adopciones— se financia con recursos propios, donaciones y trabajo comunitario, en un contexto que describen como de abandono gubernamental y ausencia de una política pública estructurada en materia de bienestar animal.
Las cuatro mujeres consultadas por Proceso coincidieron en que los lineamientos anunciados omiten campañas permanentes de educación y concientización sobre el respeto animal, así como medidas para prevenir el abandono y atender la sobrecarga material, económica y operativa bajo la que funcionan la mayoría de los refugios en la ciudad.
También señalaron que la iniciativa no aborda la regulación de la venta y compra de animales de compañía, particularmente perros y gatos, un eslabón previo al abandono. Las activistas advirtieron que la comercialización sin controles efectivos —como la obligatoriedad de entregarlos esterilizados— perpetúa un ciclo en el que los animales son adquiridos de forma impulsiva y posteriormente desechados cuando representan una carga económica o logística para sus tutores.
Un detonante llamado Refugio Franciscano
El 7 de enero último, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ejecutó un operativo en el Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa. La diligencia, en la que participaron alrededor de 200 elementos, derivó en el aseguramiento precautorio de 936 animales y su traslado a distintas instalaciones bajo resguardo gubernamental.
Mientras el operativo se desarrollaba, Brugada ofreció una conferencia de prensa de último momento para fijar postura del gobierno capitalino. Desde el inicio, la intervención fue presentada como un rescate y como una acción relevante de su administración en materia de cuidado animal. El caso fue colocado en la agenda pública a través de mensajes imágenes oficiales.
La mediatización del operativo detonó una reacción social cargada de protestas y cuestionamientos sobre la logística del traslado, la capacidad real del gobierno de la CDMX para resguardar a casi mil animales y las condiciones en las que fueron concentrados.
Rescatistas y activistas advirtieron que el operativo evidenció la falta de planeación y de infraestructura gubernamental para asumir aseguramientos masivos de animales, así como la inexistencia de un diagnóstico público previo sobre cuántos refugios existen, en qué condiciones operan y cuál es su capacidad real.
En medio de esa confrontación pública, cinco días después, el 12 de enero, Brugada dio a conocer que enviará una iniciativa de ley para la Regulación de los Refugios de Animales al Congreso local, así como la construcción de una Utopía Canina y otras acciones en materia de bienestar animal. La regulación se planteó como una propuesta previamente estructurada y no como lo que en realidad fue: una respuesta política y legislativa a un caso que se había convertido en un conflicto público de alto impacto mediático.
Rescatar sin respaldo
Para quienes sostienen refugios y redes de rescate, el caso del Refugio Franciscano no es un hecho aislado, sino la expresión más visible de una crisis estructural que desde hace años se atiende sin el respaldo permanente del Estado y que tiene a México como el país más maltratador de América Latina con un estimado de más de 20 millones de perros que viven en situación de calle.
Las rescatistas describen jornadas que inician desde la madrugada y se extienden hasta la noche, dedicadas a limpiar espacios, administrar medicamentos, alimentar animales enfermos, responder mensajes y llamadas diarias solicitando ayuda y tomar decisiones límite sobre a quién pueden recibir y a quién no, ante la falta de espacio y recursos.
Entre las decenas de actividades que ya hacen, también toca recibir a los nuevos perros y gatos que diariamente les tiran afuera de los refugios, promueven la adopción responsable para aliviar el número de animales que atienden y abrir espacios para poder recibir nuevos, sobre todo los casos urgentes.
Yadira Cisneros, fundadora de Scudería Huellitas Casa Hogar para Animales Rescatados, llegó en 2010 al antirrábico de Mixcoac, cuando en la capital aún se practicaban eutanasias sistemáticas a perros y gatos recogidos en la vía pública. En ese momento, los animales capturados eran retenidos entre 48 y 72 horas. Si no aparecía un tutor eran sacrificados.
Frente a ese esquema, Cisneros impulsó un modelo que no existía en la ciudad: abrir el antirrábico a las adopciones y organizar, a contrarreloj, redes ciudadanas de apoyo. Ahora su organización opera como una red de casas hogar en las que los animales viven en los propios domicilios de las rescatistas o en hogares temporales de personas que prestan su casa y cuidados mientras son adoptados.
“Duermen en la recámara con nosotras, se acomodan donde sea, en la sala, comedor, cocina”, explica en entrevista. Una de sus colaboradoras paga con su propio dinero un departamento donde viven los gatos para que no se estresen y enfermen por convivir con los perros.
Cisneros detalla que la labor implica conseguir recursos de manera permanente: organizar bazares, ventas, rifas, solicitar donativos y negociar apoyos puntuales con veterinarios para cubrir vacunas, esterilizaciones y cirugías especializadas.
Ante la falta de recursos, relató que algunas rescatistas recurren a estrategias para hacer rendir el alimento, como complementar las croquetas con arroz o verduras, sin que ello garantice una dieta adecuada a largo plazo. Esta es la labor cotidiana de cualquier rescatista.
En ocasiones, los veterinarios donan su trabajo y cobran únicamente insumos; en otras, permiten diferir los pagos. “Si nadie dona, ¿a poco los vas a dejar sin comer?”, apunta.
Una lógica similar se observa en el Hogar Charui, casa de reposo para gatos de la tercera edad, encabezado por Celia Elena Charui. El refugio opera dentro de una vivienda ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde actualmente viven 55 gatos gerontes, una población que difícilmente encuentra adoptantes.
En el espacio, Charui dispuso decenas de camas en distintos puntos de la casa, túneles de juego y salidas controladas al exterior para que los animales puedan tomar el sol y el aire sin exponerse a riesgos. Durante la temporada de frío, varios de los gatos portan suéteres; hay al menos 30 areneros en la propiedad.
Charui diariamente limpia alrededor de 25 kilos de arena. La mayoría de sus gatos geriátricos requiere alimentación especializada, medicación permanente y seguimiento veterinario constante. “Mi labor es extenuante desde que amanece hasta que anochece. Todo lo pago yo”.
Frente al anuncio de Clara Brugada para una regulación de refugios opina: “¿Dónde está el apoyo que ellos nos quieren dar a nosotros, si estamos haciendo todo el trabajo de una nación, de una entidad, de una delegación?”.
Para ella, regular sin conocer ni acompañar implica trasladar la carga a quienes ya operan al límite. En referencia a la intervención de las autoridades en el Refugio Franciscano cuestionó además la capacidad operativa del gobierno para asumir las consecuencias de una política de aseguramientos masivos: “El gobierno no tiene las instalaciones, no está preparado para esto que está pasando. No podría tronar a otros tres o cuatro albergues más porque no tienen a dónde llevarlos”.
Mujeres al frente del rescate animal
En las cinco entrevistas realizadas para este reportaje, cuatro corresponden a mujeres que encabezan refugios, redes de rescate o trabajo comunitario. No se trata de una coincidencia ni de una particularidad individual, sino de una constante en la atención cotidiana a animales abandonados y víctimas de violencia en la Ciudad de México. El rescate y cuidado animal descansa, de manera casi absoluta, en mujeres.
“El mundo de las mujeres rescatistas se oye fuerte, se oye rudo, no es triste, pero es solas, es un camino que hacemos solas”, afirma Charui, quien no cuenta con apoyos gubernamentales ni con una red institucional que amortigüe la carga económica o emocional.
Son ellas quienes asumen, aun exhaustas, una responsabilidad que no se suspende de noche, en fines de semana ni en días festivos, en una dinámica donde los animales no esperan y las emergencias no se programan.
En Scudería Huellitas la red está integrada casi por completo por mujeres; son 13 chicas que tienen cierta cantidad de perros en sus casas, se convierten en sus familias provisionales mientras encuentran un hogar adoptivo, los alimentan, los llevan al veterinario y, en muchos casos, los acompañan hasta el final de su vida.
Esa labor implica una reorganización completa de la vida cotidiana. Varias de las rescatistas relataron que sus casas dejan de ser espacios privados para convertirse en lugares de resguardo permanente; el descanso, la intimidad y el tiempo personal quedan subordinados a la atención de animales enfermos, viejos o en recuperación. La carga se extiende a la salud física y emocional, a la vida laboral y a las relaciones personales.
El desgaste que describió Yadira Cisneros no se limita a la falta de recursos. Muchas rescatistas dejan de lado su vida personal y laboral para sostener una labor que implica convivir de manera permanente con el dolor por los horrores del maltrato, la enfermedad y la muerte de los animales que no logran sobrevivir: “Muchas dejamos ciertas partes de nuestra vida para hacer esta parte de labor social”.
Durante años su rutina ha estado marcada por el ingreso continuo de animales en condiciones graves. A esa carga se suma una demanda permanente que no se detiene: mensajes, llamadas y solicitudes diarias para recibir animales abandonados, atropellados o víctimas de agresiones. Un sector de la sociedad asume que estas mujeres deben hacerse cargo de esa labor como si fueran las responsables de hacerlo.
La expectativa es que las rescatistas siempre puedan recibir un animal más, hacer un esfuerzo adicional o encontrar una solución inmediata. La negativa, cuando ocurre, no suele leerse como un límite material, sino como una falta moral, lo que profundiza el desgaste y la sensación de soledad.
Cecilia González Landín, radialista y activista por los derechos de los animales, comenzó a involucrarse en el rescate a partir de un caso concreto en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, donde vivía. Con el primer perro abandonado que atendió, identificó de inmediato otros casos en la misma zona y, junto con vecinos y el dueño de una vulcanizadora, empezó a organizar una red comunitaria para esterilizar animales, atender cirugías y buscar adopciones.
Ese trabajo la llevó a atestiguar de manera directa la violencia que atraviesa a los animales en la capital mexicana, que va más allá del abandono.
Esa violencia no es excepcional sino parte de un entorno donde los animales quedan expuestos sin protección institucional. En ese contexto, González Landín identifica una dimensión de género que rara vez aparece en el debate público: “El primer eslabón de la violencia es la que ejercemos primero con los animales, después con los niños y las niñas, después con las mujeres y entonces con todos nuestros pares”. En esta lógica, un maltratador de animales es un potencial feminicida.
La activista vinculó esa lectura con el papel que toman mayoritariamente las mujeres en el rescate y el cuidado de los animales: “Por el tema de cuidar, por ahí va. En mi caso sí lo veo como todas las formas de violencia que viven las hembras de otras especies, en este caso, las perras. Como te digo, hay muchas perras que son violadas”.
La atención animal sin datos ni planeación
La respuesta institucional parte de un vacío básico: no existe un censo público de refugios ni de rescatistas en la Ciudad de México ni en el Estado de México, entidades gobernadas por administraciones de Morena, encabezadas por Clara Brugada y Delfina Gómez respectivamente, aunque ambas posicionaron el bienestar animal como uno de los ejes de sus gestiones.
“No hay un censo que te diga cuántas asociaciones hay, en qué condiciones, cómo están sus permisos, cómo tienen a los animales”, alerta González Landín.
La falta de información se extiende a otros eslabones del problema que no han sido atendidos como la venta y compra de animales de compañía de raza. González Landín señaló que la regulación de refugios resulta insuficiente si no se interviene el origen del abandono: la comercialización de perros y gatos sin controles efectivos que permite la adquisición impulsiva y la reproducción indiscriminada.
La activista planteó la necesidad de regular la venta para que los animales, en todo caso, se comercialicen esterilizados y con mecanismos de seguimiento. Esto reduciría el flujo constante de animales que terminan en la calle o en refugios saturados: “No hay gobierno que pueda garantizar un refugio y hacerse cargo de esa cantidad de perros abandonados cuando es una cifra que a diario sube”.
Desde su trabajo en la colonia Guerrero, el resguardo de animales funciona mediante redes comunitarias: “La única manera en que podemos salir de todo esto es en redes colaborativas”.
Vecinos, activistas y pequeños comercios se organizan para esterilizar animales, cubrir cirugías y buscar adopciones. Ese trabajo, asegura, no surge de programas gubernamentales permanentes, sino de respuestas comunitarias frente a una violencia cotidiana hacia los animales que no es atendida desde la raíz.
En otra trinchera, Graciela Mata, fundadora de la organización “Por los que no tienen voz”, coincide en que la sociedad civil ha asumido tareas que corresponden al Estado: “Sí necesitas tener cierta fuerza interior y cierto temperamento porque si no, te arrastra. No somos Dios, no podemos rescatarlos a todos”, sentencia y precisa que las asociaciones civiles que intentan operar de manera formal lo hacen sin apoyos y enfrentan obstáculos cuando interviene la autoridad. Su organización es donataria autorizada y, aun así, debe asumir una carga fiscal elevada: “Pagamos impuestos y nos dan el trato como a cualquier persona moral”.
Aún más, remarca que algunas asociaciones han perdido su estatus de donatarias autorizadas, lo que implica entonces la pérdida de bienes, cuentas bancarias y patrimonio bajo el argumento de que “los animales no son un tema de interés realmente social”. Así, las organizaciones en una situación de mayor vulnerabilidad.
Desde el ámbito técnico, Carmen Valle, médica veterinaria y profesora de bioética de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asevera que regular refugios es necesario, pero insuficiente si no se acompaña de políticas preventivas.
“Las campañas de esterilización por supuesto que ayudan, pero ese no es el origen del problema. Es una sociedad que no sabe hacerse responsable de los animales que ha domesticado, y como no sabemos, pues entonces nada más que llegue un día al año una campaña de esterilizar 100 perros a la comunidad, pues sí ayuda, pero no va a resolver el problema”.
Las campañas de esterilización suelen ser intermitentes, de corto alcance y concentradas en jornadas específicas que no logran cubrir la magnitud del problema. En muchos casos se esteriliza a un número limitado de animales una o dos veces al año, sin continuidad, sin seguimiento y sin programas educativos paralelos que modifiquen conductas de abandono, reproducción y compra irresponsable.
“Si la regulación va acompañada de un apoyo, va; pero si nada más es regular y no estás apoyando es unilateral el asunto porque son personas que necesitan muchísima ayuda del gobierno y de la sociedad civil, del gremio veterinario, y es que a veces no nos damos abasto”.
Aunque el maltrato animal está tipificado, la falta de peritos veterinarios y de atención en el Ministerio Público impide que las denuncias se traduzcan en protección real. “No es suficiente con que lo pongan en leyes”, sostiene.
