- Señala que el bienestar psicológico y emocional no puede separarse de justicia social y derechos humanos
- Reforma de 2022 promueve atención comunitaria y prohíbe tratamientos forzados
- Se busca fortalecer comunidades ante crisis sociales y violencia estructural
En el marco de un foro realizado en la Casa de los Saberes Jurídicos, anteriormente conocida como Casa de la Cultura Jurídica, el psicólogo forense Aurelio Coronado abordó los cambios que se han impulsado en materia de salud mental en México desde una perspectiva de derechos humanos, destacando la necesidad de transformar profundamente la forma en que se concibe y se atiende este rubro en el país.
Durante su participación en el encuentro denominado Salud Mental con Perspectiva de Derechos Humanos, Coronado explicó que una reforma aprobada en 2022 plantea abandonar el modelo biomédico tradicional, enfocado principalmente en medicación y tratamientos individuales, para dar paso a una atención integral que considere los entornos sociales y comunitarios como factores determinantes del bienestar psicológico.
El especialista señaló que uno de los principales ejes de esta transformación es la desinstitucionalización de la atención en salud mental, lo que implica reducir gradualmente el uso de hospitales psiquiátricos y asilos como espacios centrales de tratamiento, priorizando modelos comunitarios que acerquen los servicios a las zonas donde más se requieren. De acuerdo con Coronado, actualmente cerca del 70 por ciento del recurso público se destina a instituciones de encierro, las cuales, afirmó, no resuelven de fondo las causas de los problemas de salud mental.
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Asimismo, destacó que la reforma establece la prohibición de tratamientos forzados, subrayando la importancia de escuchar a las personas que reciben atención psicológica y respetar su autonomía. En este sentido, mencionó que prácticas como la privación de la libertad bajo el argumento de rehabilitación, particularmente en casos de adicciones, ya no están permitidas bajo el nuevo marco legal.
Coronado explicó que estos cambios se alinean con compromisos internacionales firmados por México, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y la vincula directamente con el acceso a justicia social y condiciones de vida dignas.
El psicólogo también recordó que, desde principios de este siglo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han advertido que la violencia y los problemas sociales no son únicamente temas de seguridad pública, sino fenómenos que impactan directamente la salud física y mental de la población. Por ello, consideró indispensable que los profesionales del área actualicen su formación y adopten enfoques que integren factores como el trauma, la neurodiversidad y el contexto social.
Finalmente, Aurelio Coronado resaltó que experiencias recientes como la pandemia por COVID-19 evidenciaron las limitaciones de los sistemas de salud reactivos, y la urgencia de fortalecer los vínculos comunitarios como una estrategia clave para enfrentar crisis futuras, fenómenos migratorios y problemáticas de violencia estructural.
