Paulo Martínez indicó que para su aprobación se incurrió en múltiples vicios y procedimientos irregulares en la Cámara de Diputados y el Senado
Señaló que la reforma carece de consulta a comunidades indígenas y afroamericanas y precisó que lo que se busca es echar atrás la totalidad de la reforma
Se buscará revertir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Ley de Aguas Nacionales, toda vez que presenta inconsistencias que vulneran los derechos humanos, señaló el diputado federal Paulo Martínez López.
Indicó que, para que se aprobara, se llevaron a cabo diversos procedimientos con vicios legislativos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En ese sentido, dijo que la reforma fue avalada por la mayoría del oficialismo y que, por parte de la oposición, en el mes de diciembre se aprobó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudiera intervenir.
Señaló que la intención inicial era presentar un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se revisara el artículo segundo constitucional, relativo a la consulta a comunidades indígenas y afroamericanas, situación que no se llevó a cabo.
Mencionó que la Comisión Permanente ni siquiera sesionó, por lo que retomaron el tema y volvieron a presentar el punto de acuerdo. Agregó que, una vez que inicien las sesiones, exigirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que interponga el recurso correspondiente para que la Corte determine si existieron inconsistencias en el procedimiento legislativo.
Añadió que también hubo omisiones, ya que no se realizó una discusión adecuada en comisiones. Explicó que se argumentó que el dictamen era de urgente y obvia resolución, por lo que fue enviado y aprobado de manera acelerada, motivo por el cual, dijo, estarán combatiendo la Ley Nacional de Aguas.
El legislador añadió que lo que se busca es que se eche atrás toda la reforma, que se realice la consulta correspondiente y que se tome en cuenta lo que establece el artículo segundo constitucional, garantizando que las comunidades afroamericanas e indígenas sean consultadas y se respete su derecho al agua.
Martínez López explicó que uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es la falta de seguridad hídrica, así como la penalización de personas que se dedican a trabajar en el campo. Señaló que, si bien existían omisiones, la propia Comisión Nacional del Agua cuenta con herramientas para atender estas situaciones.
“Hay que ver una represa en el estado de Durango que fue demolida; yo quisiera saber cómo le van a hacer en el sureste, donde en muchas comunidades el agua brota a uno o dos metros. ¿Qué va a pasar con todos ellos? No se está dando certeza ni garantía; únicamente se está afectando a los productores del campo que llevan los alimentos a nuestra mesa”, concluyó.
