El refugio ‘La Casa del Padre’ tiene más de 10 años operando en el Perú, que tiene como objetivo brindar atención integral a adolescentes víctimas de violencia sexual y madres menores de edad. Aunque fue inicialmente fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui, quien actualmente ocupa el cargo de congresista en la República de Perú, ha negado su participación activa en relación a los recientes casos que han salido a la luz.
¿Quién es Milagros Jáuregui?
Milagros Jáuregui es una política de origen peruano, que se ha proclamado como provida desde los inicios de su carrera política. En 2021, fue elegida congresista del partido Renovación Popular. A partir de su cargo, ha promovido leyes a favor de la eliminación del enfoque de género en el ámbito educativo y se ha pronunciado en contra de los feminicidios, argumentando que los hombres también sufren violencia.
Poco antes de haber empezado su carrera política, ocupó el cargo de pastora y vicepresidenta de La Casa del Padre, una asociación cristiana que comparte con su esposo, Guillermo Aguayo Horna. Bajo el mismo nombre, decidieron fundar un albergue dirigido para madres adolescentes entre 10 y 13 años.
De acuerdo con Jáuregui, las menores son trasladadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, muchas de ellas ya con embarazos avanzados, otras en etapas tempranas tras haber sufrido abusos sexuales.
Como refugio, La Casa del Padre tiene el deber legal de garantizarles acceso a la salud. Sin embargo, muchas de las víctimas son obligadas a ejercer la maternidad, ya que el refugio tiene antecedentes de bloquear sistemáticamente el acceso al aborto terapéutico, un derecho legal en Perú.
¿Qué es el aborto terapéutico?
En Perú, niñas, adolescentes y mujeres pueden acceder a un aborto si un embarazo pone en riesgo su vida o su salud. Sin embargo, el acceso es muy limitado debido a barreras institucionales, desinformación y bloqueos sistemáticos, tal como lo ha hecho La Casa del Padre.
De acuerdo con diversos organismos internacionales, como la ONU, negar el acceso al aborto en casos de violencia sexual es considerado una vulneración de derechos humanos y una forma de tortura. De hecho, Perú ha sido advertido por negar o bloquear el acceso al aborto terapéutico incluso a niñas víctimas de violación.
La Casa del Padre, el refugio que impide abortar a niñas agredidas sexualmente
Por su parte, Jáuregui se ha deslindado de La Casa del Padre tras declarar que dejó sus funciones al tomar su cargo como congresista, afirmando haber delegado la gestión a un colectivo de confianza. (Es decir, otro grupo provida.)
Sin embargo, en los últimos días se viralizaron unas fotos de las redes sociales de La Casa del Padre, en donde se exponía a las menores con sus bebés en eventos públicos, violando el marco legal de protección de derechos de las niñas y convirtiéndolas en un espectáculo político. Además, con Jáuregui presente.
Sumado esto, salieron a la luz unas declaraciones de la misma Jáuregui promoviendo el refugio: “Ninguna de las niñas se arrepiente de haber dado a luz. Porque la única víctima de este cuadro de dolor es el bebé.” O incluso resaltando que las menores tienen que amar sus productos de violación: “Aquí van a aprender amar el fruto de su vientre, no pueden ver a ese niño como una maldición. Ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que nacerá.”
Cabe destacar que La Casa del Padre opera desde hace 10 años y Según Anahí Durand, exministra de la Mujer en el Gobierno de Pedro Castillo, reveló que el albergue recibe financiación pública, haciendo al estado peruano cómplice de las maternidades forzadas. La misma Jáuregui ha salido a desmentir este dato, sugiriendo que el refugio vive de donaciones.
La denuncia
La denuncia fue presentada por Gahela Cari, postulante al Congreso por la alianza política “Venceremos”. En el documento, se hace hincapié en que se omitió garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, pese a que las menores enfrentaban gestaciones producto de violencia sexual. Ya que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica común sostenida dentro del refugio.
Los documentos también declaran que Jáuregui, como responsable del centro de acogida, tenía deberes legales de protección que no cumplió: como garantizarles atención médica integral al bloquear su acceso al aborto terapéutico. En su lugar, provocó un daño psicológico a las víctimas de violencia sexual al imponer la maternidad sobre ellas.
La denuncia también solicita al Ministerio Público la apertura de una investigación preliminar, una inspección técnica y la actuación urgente de medidas para evitar que se siga promoviendo esta práctica. Asimismo, se ha solicitado la identificación de las posibles víctimas y la adopción inmediata de medidas de protección a su favor.
Hasta la fecha, no se ha abierto una investigación formal contra Milagros Jáuregui, y ha continuado dando declaraciones negando su participación en las prácticas recientes de La Casa del Padre.
