La difusión de un video grabado en Peribán, Michoacán, donde presuntos militares golpean y amenazan a un joven dentro de un local comercial, no es un hecho aislado: vuelve a colocar al Ejército Mexicano en el centro de una discusión más amplia sobre su papel en labores de seguridad pública y los señalamientos por violaciones a derechos humanos.
En la grabación, de más de 14 minutos, se observa a cinco uniformados sometiendo al encargado de un negocio de máquinas tragamonedas. Mientras lo golpean con puños, rodillazos y tablazos, uno de ellos lanza amenazas e intenta obligarlo a admitir vínculos con el crimen organizado. El joven niega las acusaciones, pero la agresión continúa. Tras la difusión del material, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que dio vista al Ministerio Público para investigar.
Militarización y abusos persistentes
En los últimos años, el Ejército ha ampliado su presencia en estados como Michoacán, donde participa en operativos permanentes en regiones como Tierra Caliente. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han documentado en distintos informes denuncias de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias en contextos donde fuerzas armadas asumen funciones policiales.
Especialistas en seguridad advierten que la falta de controles civiles efectivos y la limitada transparencia en investigaciones internas dificultan la rendición de cuentas. Aunque las autoridades suelen anunciar indagatorias cuando surgen casos mediáticos, las sanciones rara vez se hacen públicas.
El episodio de Peribán se suma a otros señalamientos registrados en Michoacán y otras entidades del país. Más allá de un caso específico, el fondo del debate gira en torno a si las Fuerzas Armadas están preparadas, entrenadas y supervisadas para desempeñar tareas de seguridad pública sin vulnerar derechos humanos.
