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viernes, febrero 20, 2026

¿Auditor… carnal? | La Purísima… Grilla

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Como era de esperarse -y como ya se había adelantado en este espacio-, en la sesión extraordinaria de ayer en el Congreso de Aguascalientes el grupo mayoritario del PAN aprobó una reforma para quitar requisitos a quienes aspiren a ser titulares del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS). Con ello, desde presidentes municipales, diputados, secretarios de Estado y dirigentes de partidos políticos podrán ocupar el cargo con solo renunciar al momento en que inicie el procedimiento de selección del nuevo auditor.

 

Al respecto, la diputada Alejandra Peña dio en el clavo: se abre la puerta para que el auditado pueda convertirse en auditor, lo que pone en riesgo la objetividad y la autonomía de las auditorías. La legisladora de MORENA fue más allá al asegurar que con estas modificaciones se pretenden blindar procedimientos y, de manera irónica, sugirió que mejor dijeran de una vez quién será el nuevo titular del OSFAGS para designarlo de inmediato. No es menor: de sus auditorías se desprenden posibles faltas administrativas por el uso de recursos públicos que podrían terminar hasta en la vía penal.

 

De 7 a 9

 

Otro punto tratado fue la ampliación del periodo del titular de la Fiscalía General del Estado, de siete a nueve años. El diputado Fernando Alférez calificó la reforma como apresurada, apenas al cumplirse un año del actual fiscal. En defensa, Emanuelle Sánchez Nájera sostuvo que solo se homologan tiempos con la Fiscalía General de la República, recordando la reciente ratificación de Ernestina Godoy en el Senado. Añadió que no se trata de leyes “a modo”, como -según dijo- hace MORENA a nivel nacional, citando la reforma al Poder Judicial. Al final, Alférez se limitó a responder que Sánchez Nájera parecía vocero del PAN.

 

2%

 

También se abordó el impuesto del 2 % a plataformas que intervienen en la entrega de paquetería. No hubo debate; la bancada de MORENA fue la única que votó en contra.

 

Lo rescatable

 

Entre lo aprobado destacó una reforma promovida por Heriberto Gallegos Serna y Lucía de León Ursúa para terminar con el viejo corporativismo entre sindicatos y partidos políticos. La modificación contempla sanciones administrativas a todo funcionario que prometa, presione o intervenga con sindicatos al servicio del Estado. Para respaldar la propuesta acudieron decenas de maestros del SNTE, incluida la secretaria general de la Sección 1, Adriana Ochoa.

 

Inocentes y berrinchudos

 

Al cierre, el PAN impulsó un punto de acuerdo para declarar 2026 como año de la maternidad y la primera infancia, aprobado por el pleno. Diputadas y diputados tomaron la tribuna con fotos de cuando eran niños -antes de que la política los alcanzara-.

 

En el debate, la diputada del PVEM, Genny López Valenzuela, habló a favor, lo que incomodó a Jedsabel Sánchez, quien reclamó que ella había pedido primero la palabra. Tras la verborrea sobre familia y valores, intervino el diputade Rodrigo Iván González Mireles, señalando que el acuerdo podría ser parteaguas para la diversidad de las infancias y el respeto a la comunidad LGBTTTIQ+.

 

Indulto

 

El rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, adelantó que continuarán las investigaciones sobre la presunta estafa ponzi, pero aclaró que el asunto es de responsabilidad administrativa, por lo que es casi imposible que derive en sanciones penales. En pocas palabras: multas, inhabilitaciones temporales y amonestaciones públicas. Y listo, aquí no pasó nada.

 

Las cuentagotas

 

A días de presentarse la reforma electoral, la información fluye a cuentagotas. Entre los cambios más relevantes estaría la reducción del Senado de la República de 128 a 96 integrantes, eliminando los “pluris”. En la Cámara de Diputados, cien se elegirían por primera minoría o “mejor perdedor” y otros cien por lista nacional, desapareciendo las circunscripciones para esa figura.

 

También se plantea reducir hasta 25 % las prerrogativas a los partidos y eliminar dos consejerías nacionales del INE. Persisten dudas sobre los OPLES, tribunales electorales y grupos de atención prioritaria. Así que atentos: la letra chiquita siempre es la que cambia las reglas del juego.

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