Cosas veredes
Realidad nacional y debate electoral
El ruido y las columnas de humo por las reacciones del crimen organizado ante el operativo de seguridad del pasado sábado 22 en Tapalpa, Jal., el duelo por los servidores públicos caídos, y los preocupantes datos de las acciones violentas de células criminales en 20 estados del país, nos recuerdan que una necesidad inaplazable para México es el restablecimiento del estado de derecho en las regiones donde la las delincuencia se ha enseñoreado, y revertir con efectividad el riesgo de que las organizaciones criminales puedan intervenir en las decisiones políticas y en la integración de los órganos de los poderes públicos del país.
Igual podemos decir de la preocupación que surge cuando se han conocido las grabaciones de conversaciones en las oficinas del alto mando de la Marina, que nos indican que la corrupción funciona como el cáncer, y qué si no se combate adecuadamente, la metástasis no solo daña la vida social al estimular la delincuencia, afectando la tranquilidad y la seguridad de la población, sino que puede terminar destruyendo hasta los órganos centrales de la vida institucional de una nación.
Ante esos hechos, el tema político electoral toma mayor relevancia, pues mientras en algunos países se responde a los riesgos y turbulencias con políticas autoritarias y reducción de los espacios de la participación ciudadana, en México la mejor ruta es consolidar el modelo republicano federal democrático y representativo, que implica profundizar y mejorar constantemente los mecanismos de conformación de gobierno a partir del derecho ciudadano a elegir a sus representantes y gobernantes.
En ese sentido el debate acerca de la reforma electoral que promueve la presidencia de la República cobra mayor importancia, pues de lo que resulte va a depender la consolidación democrática del país a partir de la calidad y eficiencia de nuestro sistema electoral.
Ese tema saludablemente es parte central del debate nacional, no en foro oficial, no solo en una mesa política, sino en toda la vida pública del país. En los medios de comunicación, en los órganos colegiados, en los ámbitos académicos y empresariales y hasta en las mesas familiares, hay expectación y hay debate.
Han resaltado en los últimos días algunos hechos de ese tema. Por un lado, la opinión pública ha conocido el documento de propuestas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Por el otro se ha informado que las negociaciones en la mesa del bloque político de la 4T integrado por Morena, PVEM y PT no ha logrado consenso. También se ha conocido el anuncio de la presidenta de la República en el sentido de enviar su iniciativa para la reforma electoral el día de hoy 24 de febrero, para el análisis y dictaminación inicial de la Cámara de Diputados.
La llegada al Poder Legislativo una iniciativa presidencial que incluye reformas constitucionales, sin acuerdo previo de un bloque de mayoría calificada, tampoco debiera ser extraño en una democracia, pues solo indica que el debate y el consenso será más público y abierto y cada fuerza política tendrá que argumentar sus posiciones.
Entre las propuestas contenidas en el documento de la Comisión Presidencial han resaltado algunas por su carácter conciliador. Una de ellas: como la no reducción de la representación proporcional en la Cámara de Diputados conservando 300 electos por mayoría relativa, 100 por representación proporcional asignados por primera minoría en elección distrital y 100 elegidos por lista nacional de los partidos políticos, con la positiva novedad de reconocer por vez primera la importancia de los mexicanos que han tenido que migrar al extranjero, definida como “diáspora mexicana” que contaría al menos con 8 diputados elegidos por representación proporcional.
Esas propuestas necesariamente nos llevan a enfatizar que los criterios fundamentales para la reforma deberían de ser la ampliación de la base electoral del poder público, la eficiencia y confiabilidad del sistema electoral y la reducción de riesgos que afecten la legalidad de los procesos de elección.
Bajo esos criterios, algunas propuestas del documento que se ha socializado son debatibles y será necesaria sólida argumentación. Se plantea la reducción de los integrantes del Senado de la República de 128 a 96, eliminando la lista nacional, aunque para no afectar la representación federal se podrían elegir 4 senadores por estado por representación proporcional.
Igualmente, en el documento de la comisión se propone el adelgazamiento y la reducción del presupuesto del INE, pero al menos tendría que analizarse la conveniencia de reducir la actividad de las juntas distritales al periodo electoral, o los mecanismos para que las campañas electorales sean menos costosas y que el financiamiento público favorezca la equidad y transparencia en las competencias partidistas.
También se tendrá que valorar la propuesta de hacer concurrentes las consultas populares con las elecciones generales, pues sería inevitable la partidización de esos instrumentos, lo cual afectaría su carácter ciudadano. Obligadamente un aspecto que tendrá que estar en el debate será la necesidad de blindar el sistema electoral para evitar la injerencia del crimen organizado y otros factores ilegales.
Estamos ya en la recta final del proceso de reforma. Tanto si la iniciativa presidencial se presenta con el aval del bloque parlamentario de la 4T, como si se propone para que se construya el acuerdo calificado en las cámaras, el debate será saludable para la vida nacional. Eso es parte esencial de la democracia.
@gilbertocarloso
