Detrás de casi todos los embarazos infantiles en México hay un adulto responsable del abuso sexual, la violencia y la maternidad forzada que predomina en el país. En muchos casos, estos agresores tienen hasta 60 años más que sus víctimas.
La realidad de los embarazos infantiles
Cada día 2 menores de 18 años son forzadas a ser madres. Una nueva investigación de Milenio documenta esta cruda realidad con testimonios de niñas que han sido víctimas de violencia sexual, principalmente por parte de sus familiares o personas de su entorno cercano.
En algunas regiones del país, como Chiapas, se ha registrado que los embarazos adolescentes se dan porque los padres de las menores de edad deciden venderlas o regalarlas a hombres mayores para que sean sus esposas, bajo la premisa de los “usos y costumbres”, una práctica que aún predomina en comunidades indígenas y rurales. Pero hay que llamarle como lo es: trata de personas, pedofilia y violencia sexual.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre 2020 y 2024 se registraron alrededor de 3,720 nacimientos de bebés cuyas madres eran niñas y adolescentes. El caso de Deisy de 10 años, es el registro de la niña más joven que han tenido. De todos estos casos, al menos 2 de cada 10 embarazos, el padre era mayor de 40 años.
Actualmente, México lidera los casos de embarazos adolescentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 45,835 casos de menores de edad dando a luz en los últimos 5 años. Eso significa 25 casos al día.
A nivel nacional, los estados que más casos tienen de menores de 18 años pariendo hijos de hombres de más de 40 años son: Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Veracruz. De estos, solo 4 han despenalizado el aborto, y muchos de estos ni siquiera cuentan con estrategias de información sobre educación sexual.
¿Cuáles son las estrategias para la prevención de esta problemática?
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) busca reducir un 30% de estos casos para 2030. Desafortunadamente, hasta la fecha no se cuenta con el presupuesto suficiente para su implementación para cada entidad federativa, lo cual obstaculiza el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual integral.
A pesar de que en México cualquier agresión sexual de un adulto con una persona menor se tipifica como un delito de hastas 20 años de cárcel, muchas de las víctimas no denuncian. Muchas de ellas, no saben ni siquiera que son víctimas hasta años después de parir. Además, se ven obligadas a convivir con sus agresores de manera cotidiana, normalizando el abuso sexual desde su infancia e impidiendo que denuncien.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, señaló que es importante dividir la problemática en tres ejes para poder trabajar de manera concreta en su solución:
- Continuar con una política de prevención a través de información y difusión de educación sexual.
- Nombrar el embarazo adolescente como abuso sexual a niñas, ya que en ninguno de estos casos puede ser resultado de una decisión de consenso.
- Ubicar y combatir el matrimonio forzado, que sigue predominando en algunos territorios.
Hasta el momento, la Secretaría de las Mujeres ha ubicado 57 municipios prioritarios para aplicar una política focalizada este mismo año. Se pretende trabajar con adolescentes y niñas, pero también con el personal de las escuelas, las familias, las clínicas y las autoridades de procuración de justicia. Sin embargo, los casos siguen aumentando.
