- Este impuesto habría impactado directamente a pequeños negocios que dependen de plataformas digitales para distribuir sus productos
- La dirigente empresarial añadió que el contexto económico actual no es favorable para implementar nuevas cargas fiscales
La presidenta de CANACO Servytur Aguascalientes, Maricela Acosta, reconoció el veto total emitido por la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel al Decreto 404 aprobado por el Congreso del Estado, el cual contemplaba una reforma a la Ley de Hacienda y al Código Fiscal para crear un impuesto del 2% a plataformas digitales de entrega de paquetes y alimentos.
El gravamen se justificaba bajo el argumento del uso y/o explotación de la infraestructura pública estatal; sin embargo, el Ejecutivo estatal decidió frenar su aplicación. “Nos da mucho gusto, reconocemos y agradecemos la sensibilidad de la gobernadora en apoyo a las mipymes”, señaló que este impuesto habría impactado directamente a pequeños negocios que dependen de plataformas digitales para distribuir sus productos.
Explicó que muchos de estos establecimientos no cuentan con infraestructura propia ni con repartidores, por lo que el costo adicional habría afectado tanto a los comercios como a los consumidores. “Ese impuesto les iba a afectar y también al consumidor; de dos pesos en dos pesos o de dos por ciento en dos por ciento, aún velo agregando al consumidor”.
La dirigente empresarial añadió que el contexto económico actual no es favorable para implementar nuevas cargas fiscales. “Por la situación que impera en el país, ahorita no estamos así como para tomar ese tipo de medidas”.
Respecto a que el sector comercio no fue consultado antes de la aprobación de la reforma en el Congreso, Acosta indicó que las cámaras empresariales son órganos de consulta obligados por ley en materia económica. “Las cámaras de comercio en el país son órganos obligados por ley de consulta en materia económica; les pedimos que cuando tengan algún asunto nos hablen y podamos dialogar antes de tomar la decisión”.
Finalmente, consideró que es fundamental escuchar a todos los sectores involucrados antes de aprobar reformas que puedan impactar la actividad económica, especialmente en un entorno donde las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan diversos retos.
