- Legisladores sostuvieron reuniones con autoridades estatales y organismos operadores
- Señalan ambigüedad en reformas que podría frenar permisos para nuevos desarrollos
- Esperan lineamientos y reglamentos para definir criterios en municipios
La Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales aprobadas a finales de 2025 podrían poner en riesgo la construcción de viviendas y nuevos proyectos inmobiliarios en el estado, al priorizar el uso doméstico y frenar el acaparamiento del recurso hídrico, lo que impacta directamente en la autorización de permisos para suministro de agua.
El tema fue abordado en el Congreso del Estado, donde la diputada presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Jedsabel Sánchez Montes, informó que en días recientes sostuvieron reuniones de trabajo con el secretario general de Gobierno, el consejero jurídico del Estado, el director del Instituto del Agua (INAGUA), así como con los titulares de los organismos operadores CAPAS y MIAA.
La legisladora explicó que el objetivo fue analizar las implicaciones de las reformas, particularmente en lo relacionado con el otorgamiento y transmisión de títulos de concesión de agua para desarrollos habitacionales.
“Al hacerse las reformas a la Ley de Aguas Nacionales quedó muy ambiguo el tema de las viviendas. Si bien estuvimos trabajando de cerca con el sector ganadero, ahora se acercaron los desarrolladores de vivienda, ya que ellos solo son transmisores de derechos y no acaparadores, como se les quiere hacer ver”, señaló.
Detalló que, por ejemplo, si una empresa inmobiliaria busca perforar un pozo y ya cuenta con un título previo, podría negársele bajo el argumento de acaparamiento, aun cuando el destino del recurso sea abastecer viviendas que se pretenden construir.
Sánchez Montes indicó que actualmente se encuentran a la espera de que se publiquen los reglamentos y lineamientos correspondientes para que los municipios y los organismos operadores puedan revisar con mayor claridad el volumen de metros cúbicos que podrían autorizar a desarrolladores.
Añadió que no se puede limitar el acceso al agua para viviendas en proceso de planeación, al señalar que existen más de 600 mil metros cúbicos detenidos por la falta de definición en permisos, situación que —dijo— no es reciente, pero que se ha agudizado tras las modificaciones legales.
La diputada puntualizó que uno de los acuerdos alcanzados fue continuar con mesas de diálogo permanentes e integrar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en las discusiones, a fin de evitar que la inversión en el estado se vea paralizada.
“La inversión es lo primero que se detiene; si no se cuenta con los permisos para construir vivienda, simplemente no se podrá edificar, y esto impacta sobre todo en la vivienda de tipo social”, advirtió.
Finalmente, reiteró que el objetivo es encontrar mecanismos que permitan garantizar el derecho humano al agua sin frenar el desarrollo habitacional y económico de la entidad.
