- Cuestionan el uso de recursos en imagen pública frente a necesidades de investigación
- Reconocen avances en seguimiento de carpetas, pero advierten rezagos estructurales
- Plantean acciones como capacitación especializada y creación de una fiscalía para feminicidios
Integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes manifestaron su postura frente a lo que consideran indolencia y falta de perspectiva por parte de la actual administración de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Señalaron que, como defensoras de derechos humanos y acompañantes de víctimas directas e indirectas, anteriormente se posicionaron contra actos de simulación y violencia institucional, y que han generado espacios de interlocución con actores clave en materia de procuración de justicia en la entidad.
No obstante, expresaron que la Fiscalía debería enfocar esfuerzos y recursos humanos y materiales en la activación de todos sus mecanismos de investigación, con el objetivo de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para la ciudadanía que denuncia delitos y violaciones a derechos humanos. En contraste, señalaron que se han destinado recursos relevantes al fortalecimiento de la imagen pública del titular de la institución, Manuel Alonso, situación que, en el contexto actual de violencia, consideran revictimizante para las víctimas y la sociedad.
Desde el Observatorio reconocieron algunos avances en el seguimiento de carpetas de investigación; sin embargo, advirtieron que persisten pendientes que deben atenderse para evitar que la procuración de justicia continúe siendo insuficiente. Entre las acciones planteadas se encuentran la capacitación constante del personal en perspectiva de género, trauma y enfoque victimal; la creación de una fiscalía especializada en investigación de feminicidios y muertes violentas de mujeres; así como garantías de acceso a instalaciones adecuadas y personal suficiente y capacitado para atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Asimismo, propusieron la conformación de una comisión especial para procesos de larga data y una revisión exhaustiva de las prioridades del área de Comunicación Social de la Fiscalía, a fin de privilegiar el compromiso institucional con la sociedad por encima de campañas personales o de promoción.
