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jueves, marzo 5, 2026

Mujer y discapacidad: cuando la brecha se vuelve abismo | Hablando de discapacidad por: Ricky Martínez

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Hablando de discapacidad con Ricky Martínez

Mujer y discapacidad: cuando la brecha se vuelve abismo

Escribo estas líneas desde el corazón, con profunda admiración hacia todas las mujeres. Como hombre con discapacidad, que vive día con día las barreras sociales impuestas a quienes somos considerados “diferentes”, sería incongruente no reconocer la lucha histórica que las mujeres han encabezado por el reconocimiento pleno de sus derechos. Una lucha que no nació ayer, que no es moda ni consigna pasajera, sino un proceso de siglos para desmontar estructuras de desigualdad profundamente arraigadas.

También aprovecho esta trinchera para señalar —y por qué no, cuestionar— aquellas voces que, desde el protagonismo fácil o la descalificación sin argumentos, intentan minimizar las causas feministas. Con una buena charla y un café de por medio, muchas de esas posturas se desmoronan ante los datos, ante la historia y ante la experiencia concreta de millones de mujeres. En pleno siglo XXI deben caber todas las voces, sí, pero sin fanatismos ni mediocridades intelectuales. El debate serio exige información, contexto y empatía.

Hoy quiero hablar, de manera particular, de la mujer con discapacidad. Si históricamente la mujer ha sido segregada y discriminada por razón de género, ¿qué ocurre cuando a esa condición se suma una discapacidad? Lo que emerge es una realidad de doble, e incluso triple, discriminación. Es ahí donde la brecha de género no solo se amplía: se convierte en abismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente el 16 por ciento de la población mundial. De ellas, una proporción significativa son mujeres. A su vez, ONU Mujeres ha documentado que las mujeres con discapacidad enfrentan mayores niveles de pobreza, menor acceso a la educación y una participación laboral considerablemente más baja que los hombres con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad.

En América Latina, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestran que la tasa de participación económica de las mujeres con discapacidad es sustancialmente menor que la de los hombres con discapacidad. En algunos países de la región, la brecha puede superar los 20 puntos porcentuales. No se trata de una percepción ideológica; son cifras oficiales que reflejan una desigualdad estructural.

En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las mujeres con discapacidad presentan menores niveles promedio de escolaridad que los hombres con discapacidad y enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado laboral formal. Además, una proporción importante asume tareas de cuidado no remunerado, ya sea como madres cuidadoras de hijas e hijos con discapacidad o como cuidadoras de familiares mayores. Esa carga invisible impacta directamente en su autonomía económica y en su desarrollo profesional.

El problema no termina en el ámbito laboral. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las mujeres con discapacidad tienen entre dos y tres veces más probabilidades de experimentar violencia física o sexual que las mujeres sin discapacidad. La combinación de estigmas, dependencia económica y barreras de acceso a la justicia incrementa su vulnerabilidad. Cuando una mujer con discapacidad denuncia violencia, suele enfrentarse a instalaciones inaccesibles, personal no capacitado y sistemas que no contemplan ajustes razonables.

Y si hablamos de madres con discapacidad, el prejuicio se vuelve todavía más cruel. Persiste una narrativa social que pone en duda su capacidad para maternar. A muchas se les cuestiona su autonomía, se les infantiliza o se les sobreprotege bajo la falsa idea de que discapacidad es sinónimo de incapacidad. En contraste, cuando hablamos de madres cuidadoras de hijas o hijos con discapacidad, el sistema suele depositar sobre sus hombros toda la responsabilidad, sin redes suficientes de apoyo institucional.

La brecha es transversal: educativa, laboral, económica, social y política. Las mujeres con discapacidad tienen menor representación en espacios de toma de decisiones, menor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y mayores probabilidades de vivir en contextos de pobreza. No es un discurso para quedar bien con un movimiento; es una realidad documentada.

Desde mi postura como activista por los derechos humanos y como persona con discapacidad, creo firmemente que el modelo social de la discapacidad nos obliga a mirar las barreras, no las limitaciones individuales. Cuando hablamos de mujer y discapacidad, la conversación debe centrarse en las estructuras que excluyen: políticas públicas insuficientes, falta de accesibilidad universal, estereotipos de género y prácticas institucionales que no contemplan la interseccionalidad.

Reconocer la lucha feminista no significa asumir una postura radical ni caer en confrontaciones estériles. Significa comprender que los derechos no se restan: se suman. Que cuando una mujer con discapacidad accede a educación inclusiva, empleo digno y protección contra la violencia, la sociedad entera se fortalece.

Debemos pasar del discurso conmemorativo a la acción concreta: presupuestos con perspectiva de género y discapacidad, sistemas de cuidados sólidos, capacitación obligatoria en accesibilidad y derechos humanos para servidores públicos, y participación activa de mujeres con discapacidad en la elaboración de políticas que les afectan. Nada sobre ellas sin ellas.

Hoy, más que nunca, la conversación debe ser incluyente y basada en datos. No se trata de competir por quién sufre más, sino de entender cómo las desigualdades se entrecruzan. Como hombre con discapacidad, mi voz no sustituye la de las mujeres con discapacidad, pero sí puede y debe acompañar, reconocer y amplificar.

Porque si algo he aprendido caminando a ciegas en una sociedad que aún tropieza con sus propios prejuicios, es que la justicia no es un privilegio: es un derecho. Y mientras exista una sola mujer con discapacidad enfrentando barreras que no eligió, nuestra tarea como sociedad seguirá pendiente.

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