El reciente asesinato de Rubí Patricia, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán responde a un patrón de violencia que enfrentan las personas buscadoras en México: un ciclo de amenazas, desapariciones y asesinatos en un contexto de impunidad estructural solo por hacer el trabajado que las autoridades se supone deberían hacer.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en 2024 ha estado atravesada por un incremento en violencia criminal extrema y crisis de derechos humanos. Durante su gobierno, se han sumado 14 agresiones letales contra personas buscadoras por su labor: 6 desapariciones y 8 asesinatos.
En estas cifras se incluyen los casos de María de los Ángeles Valenzuela, quien busca a su padre Manuel Valenzuela y a su primo Mario Cristóbal Valenzuela desde 2024, y Rubí Patricia Gómez Tagle, que buscaba a su hijo Edgar Daniel desaparecido en 2025. Ambas eran integrantes del mismo colectivo, dedicando su vida a la búsqueda y acompañamiento a otras mujeres y familias ante la crisis de desapariciones en el país.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece la obligación de las autoridades de buscar, investigar y sancionar, así como la obligación de la máxima protección, trato digno, seguridad y bienestar físico y psicológico para familiares de las víctimas, y las víctimas propias. Sin embargo, el Estado es omiso en su responsabilidad.
Debido a la falta de respuestas, la organización ARTICLE 19 ha hecho un llamado para que se lleve a cabo un reconocimiento oficial de la labor de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, acompañado de acciones concretas que garanticen su protección, seguridad y el simple respeto hacia su labor.
Porque ser una persona buscadora en México es un deporte de alto riesgo. Su labor consiste en realizar brigadas en campo, localizar fosas, recopilar información y testimonios, difundir fichas de búsqueda, revisar hospitales y servicios forenses, aportar muestras genéticas, acompañar diligencias oficiales, entre otras. Todo esto lo hacen por su propia cuenta, en un entorno de amenazas constantes y con recursos limitados.
A nivel internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también expresó preocupación por el incremento de violencia contra las personas buscadoras y familiares de personas desaparecidas. Desde 2022, emitió una serie de recomendaciones, dirigidas al gobierno de México, para tomar una serie de acciones para crear una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones.
Hasta la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas registra más de 133,000 personas desaparecidas. Al menos 30 familiares de personas desaparecidas en México fueron asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025. De estos casos, 16 eran mujeres, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional.
Estos asesinatos no ocurren por casualidad: todos sucedieron después de que las víctimas reportaran amenazas, ya sea a través de medios públicos o con las autoridades, después del hallazgo de fosas, de identificación o como resultado de la detención de probables responsables.
A tan solo 3 meses de 2026, la cifra va en aumento: ¿De qué manera van a asegurar condiciones de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos?
