En México, según cifras oficiales del INEGI, el 70.1% de mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un episodio de violencia en sus vidas. Las violencias pueden ser de distintos tipos: psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. Sin embargo, no todos los tipos específicos de violencia han estado contemplados en las leyes mexicanas.
En ese sentido, en la búsqueda de justicia a partir de estas distintas violencias que viven las mujeres y niñas, a lo largo de los años se han impulsado leyes a partir de casos reales de mujeres y niñas que llevan sus nombres en un acto de memoria, pero también de no repetición.
Ley Malena
Nombrada así por la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en el año 2019. Antes de esta ley, estas agresiones solían clasificarse simplemente como “lesiones”, lo que permitía que los agresores salieran libres bajo fianza o recibieran penas mínimas, a pesar de que el daño es permanente.
Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 2024 y tipifica los ataques con ácido o sustancias químicas como un delito autónomo y no solo como lesiones simples.
El marco legal endurece los castigos para este delito: las condenas parten de los 8 a 12 años de cárcel, sumadas a multas que pueden alcanzar hasta las 700 UMA. Sin embargo, en los casos más graves donde la agresión se catalogue como tentativa de feminicidio, la pena máxima se dispara, pudiendo llegar hasta los 46 años de prisión.
Ley Olimpia
Lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, quien después de que un exnovio difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento, emprendió una lucha para tipificar la violencia digital. Esta ley sanciona los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales (difusión de fotos, vídeos o audios sin consentimiento).
La Ley Olimpia se aprobó a nivel nacional y reconoce que “lo virtual es real”, castigando con cárcel el acoso, llamado ciberacoso, y la difusión de contenido íntimo.
Con esta legislación, quienes incurran en estas conductas enfrentarán penas de 3 a 6 años de cárcel. Además, la autoridad podrá imponer sanciones económicas que oscilan entre las 500 y las 1,000 UMA.
Ley Ingrid
A inicios de 2020, Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio a manos de su pareja. El caso reunió más indignación cuando imágenes explícitas de su cuerpo fueron filtradas por funcionarios públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México a medios de comunicación.
En redes sociales, sucedió una activación en donde usuarios compartieron fotos de naturaleza o de cualquier otro tema con el texto “Ingrid Escamilla” para tratar de evitar que las fotografías explícitas siguieran apareciendo en los primeros lugares de los buscadores de cada red.
En 2021, se aprobó la Ley Ingrid en el Congreso de la Ciudad de México y prohíbe a servidores públicos fotografiar, video-grabar o difundir imágenes y evidencia de víctimas de agresiones o feminicidios. Esta Ley busca evitar la revictimización y garantizar el respeto a la memoria y dignidad de las personas fallecidas.
Ley Monse
Surge tras el feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz en 2021 a manos de su novio. El agresor logró escapar tras recibir ayuda de sus padres. Esta Ley busca castigar a con penas más severas familiares que ayuden a encubrir a agresores. La Ley Monse ya fue aprobada en distintos estados de la República, siendo Veracruz de los más recientes (octubre de 2025).
Ley Sabina
Impulsada por la activista Diana Luz Vázquez, madre de la niña Sabina, que ha luchado por los derechos de niñas y niños a quienes algunos de sus padres, en su mayoría hombres, han dejado de cumplir con sus obligaciones.
La implementación de esta Ley ha ganado terreno rápidamente en el país; estados como Puebla en 2023, seguidos de Ciudad de México, Baja California y Morelos en 2024, ya han adoptado estas medidas. Un hito crucial ocurrió el 22 de marzo de 2023, cuando el Senado de la República consolidó este esfuerzo a nivel federal mediante la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
Estos son algunos de los casos que demuestran que la justicia en México y sus leyes se han quedado cortas a la hora de proteger la integridad de las mujeres y niñas mexicanas.
