Los adeudos por pensiones en estados, municipios, universidades públicas y algunas dependencias del gobierno federal son un problema que se debe valorar, vigilar y revisar todo el tiempo, porque en algunos casos ya representan una carga muy onerosa para las finanzas públicas, declaró el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo Favela.
“Sin duda, los sistemas pensionarios del país tienen que ser revisados, analizados, monitoreados todo el tiempo, porque pueden generar presiones importantes a las finanzas públicas. En algunos casos son onerosos, ya se han hecho reformas importantes tanto al Issste como al IMSS, y son temas que tenemos que revisar como gobierno federal. En el caso de Pemex, la administración de la empresa tendrá que hacer una valoración de su sistema pensionario y platicar con las autoridades correspondientes”, dijo el funcionario en entrevista.
–En 2011, en la revisión de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación presentó un diagnóstico de los pasivos laborales del sector público. Dijo que a ese año sumaban cerca de 4 billones de pesos y sólo se tenían fondos para responder a esas obligaciones por poco más de 607 mil millones de pesos. Tres años después, ¿cómo se encuentra la situación?
–Cada una de las empresas del sector paraestatal tiene dentro de sus estados financieros, que son auditados, el cálculo del pasivo laboral. En el sector central yo no veo un riesgo en términos de finanzas públicas.
–En 2012 la Secretaría de Hacienda, Pemex y el sindicato petrolero iniciaron negociaciones para reformar el sistema de pensiones. ¿Cómo van?
–Es un tema que está revisando la administración de la empresa, que no maneja la subsecretaría a mi cargo y no tengo información. Sin duda los sistemas pensionarios del país tienen que ser revisados, analizados, monitoreados todo el tiempo, porque pueden generar presiones importantes en las finanzas públicas.
Agilizar el gasto
Se le preguntó a Galindo Favela sobre los avances del programa de austeridad impulsado en el arranque de la presente administración, el pasado enero. Se busca, dijo, una reducción inicial de entre 2 mil y 3 mil millones de pesos, sólo en recortes de 5 por ciento en salarios de mandos medios. Lo importante del decreto, añadió, es que se ordena realizar un diagnóstico integral del gasto de la administración pública federal para luego elaborar un plan de austeridad y de ahí una propuesta integral para el uso eficiente de los recursos.
–¿Esta reducción del gasto no implica trabas en las funciones de la administración pública?
–Se busca generar ahorros en gastos de operación, por ejemplo, hacer compras consolidadas para generar ahorros; evitar duplicidad de funciones, de programas presupuestarios, fideicomisos, se hará un análisis de todas las estructuras, para eso es el diagnóstico que se realiza. Lo que queremos evitar con medidas a rajatabla o sin tener toda la información completa, es trabar la operación del gobierno. Queremos este diagnóstico para tener los mejores elementos para ver dónde hay duplicidad de funciones y de programas, ver cómo están funcionando las dependencias. Aquí es muy importante la coordinación de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública para determinar dónde, si se pueden llevar a cabo los recortes y que no se ponga en riesgo la operación del gobierno federal.
–¿Se han identificado muchas duplicidades?
–Estamos en la etapa de diagnóstico. El 30 de abril las dependencias nos van a entregar los resultados.
–¿Qué han encontrado?
–Esperamos el diagnóstico. Una vez que lo tengamos, Hacienda, junto con la Función Pública, lo revisarán y harán una propuesta integral para el uso eficiente de los recursos. Eso, como establece el decreto, es el 30 de agosto de este ejercicio fiscal. Mientras, ¿qué incluye este decreto? Uno es el ahorro de 5 por ciento en la partida de sueldos y salarios y presenta algunas medidas que deberá observar cada dependencia, como generar ahorros en gastos de operación sin tener una meta específica y hacer compras consolidadas para generar ahorros a la administración pública.
–Resulta paradójico que por un lado se busque aplicar un programa de austeridad y por el otro se observen derroches, como el préstamo de 500 millones de pesos de Pemex a su sindicato, o desvíos, como de los que se acusa a Elba Esther Gordillo…
–Como Subsecretaría de Egresos no tengo información de esos temas. No estaría en capacidad de comentar al respecto. Ahora estamos en la etapa del diagnóstico de la administración pública integral para hacer una propuesta del uso eficiente de los recursos públicos –concluyó.
