La concentración de la riqueza en pocas manos es el problema histórico central del capitalismo liberal en el mundo durante los siglos XIX, XX y lo que va del XXI. Y desde luego que es un problema evidente para el capitalismo desregulado y de cuates que se practica en México.
Los norteamericanos resolvieron sus propios problemas monopólicos y oligopolios entendiendo claramente que tales prácticas eran un dique a la competencia y una seria traba a la libre empresa con su ley anti trust (“antimonopolios”, conocida también como Ley Sherman, de 1904), misma que señala, por ejemplo, que ninguna empresa de televisión puede acaparar más allá del 30 por ciento del mercado. Acá por ejemplo, cada empresa de televisión rebasa ese tope con mucho.
Así que la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ha sido en general bien recibida por los diferentes sectores sociales, académicos, y expertos como la señora Carpinteyro, y aun por los que se podrían considerar como afectados directos (entre otros, el duopolio televisivo y Telmex). Pero… ¿realmente la iniciativa es tan bondadosa? Porque ya decía un clásico que cualquier unanimidad es siempre sospechosa, así que veamos:
En primera instancia, habrá que preguntar ¿por qué no una, dos o tres cadenas nacionales de televisión pública, como existen en la mayoría de los países del tamaño e importancia de México?
Por lo demás, no existe memoria registrada de foros de consulta pública sobre tal iniciativa, de manera que debemos entender que se preparó de manera reservada. Por eso el análisis debe centrarse por fuerza en el propio texto de la iniciativa constitucional, a reserva de incorporar a cualquier estudio posterior los elementos que se vayan conociendo. Desde luego que los respectivos proyectos de legislación secundaria también serán muy importantes para comprender a cabalidad los objetivos de la iniciativa y sus reales intenciones. Hay al menos cuatro razones para preocuparse de la iniciativa en comento:
Se permite la concentración del 50 por ciento del mercado en telecomunicaciones y radiodifusión. La inversión extranjera puede ser hasta de 100 por ciento y en radiodifusión hasta de 49 por ciento. Eso favorece intereses extranjeros en sectores por esencia estratégicos para el estado mexicano.
Hay otros temas poco claros, debido sobre todo al cabildeo que ya despliegan los llamados “poderes fácticos” sobre los diputados federales: se les conoce como must carry y must offer, y básicamente se refieren a las obligaciones de los distribuidores de televisión por cable o satélite para favorecer la competencia (casualmente Televisa, Telmex o sus filiales y socias).
En el texto de la iniciativa, la Comisión Federal de Electricidad cederá a los privados su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, cosa que así de entrada no parece sana ni razonable. Los órganos reguladores, a los que se dota de autonomía constitucional: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y La Comisión Federal de Competencia, serán entidades sujetas al reparto de cuotas entre los partidos y el Ejecutivo, como sucede ya en otros órganos de estado colegiados, tal es el caso del IFE o el IFAI.
@efpasillas
