La adquisición de un edificio en Acoxpa, por el Instituto Federal Electoral (IFE) involucró un conjunto de violaciones a la normativa interna del organismo, con independencia de las diferencias en el costo del inmueble derivadas de la existencia de al menos dos avalúos.
El ex director ejecutivo de administración del instituto, Fernando Santos, incurrió en varias acciones que impactaron en el costo y en pagos indebidos, los más de los cuales fueron ignorados por los consejeros al momento de rechazar la sanción.
En el expediente entregado por la Contraloría a los consejeros electorales se incluye un oficio del director de Recursos Materiales y Servicios, Gustavo Orozco (sujeto a investigación en expediente paralelo), dirigido a Santos, donde alude a la antigüedad del edificio, que es de 40 años.
Tampoco existe explicación de las obras de remodelación que, según los consejeros, se hicieron para ‘‘reducir’’ esa antigüedad tres años; la normativa impide adquirir inmuebles de más de 30 años.
En el intercambio de oficios, Orozco se dirige a Sergio Samaniego, del Instituto de Administración y Avalúos de Inmuebles, y señala: ‘‘Por necesidades de operación del Instituto Federal Electoral, hemos tomado en arrendamiento los cinco pisos restantes del inmueble de referencia, lo que motivó que el propietario del inmueble realizara una inversión bastante considerable para adecuarlo a nuestros requerimientos.
‘‘Se adjunta la relación en la que se señalan los montos que el propietario ha invertido en los trabajos de acondicionamiento con base en nuestras necesidades (…) solicito su apoyo e intervención a fin de que se reconsidere el importe dictaminado que, derivado del avalúo, resultó de 118,005,900 pesos’’. (Se infiere que la cifra es de 118 millones 5 mil 900 pesos).
La relación revela elevados costos de lo que presuntamente invirtió el propietario, entre ellos: 17 millones de pesos para aire acondicionado; 4.9 millones para escaleras de emergencia de metal; 17 millones para fachadas del edificio color aluminio metal; 2 millones en la remodelación de siete baños; un millón en puertas metálicas en escaleras de emergencia; 10 millones en colocación de contactos normales y de iluminación; 9.7 millones en plafones de 61 por 61 centímetros en los ocho pisos y área comercial, entre otros conceptos de una larga lista de cantidades que llegan a sumar 111 millones de pesos, que se liquidarían con cargo al IFE tras el nuevo avalúo.
Para liquidarlo, Santos alentó la cancelación del segundo avalúo, elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos, luego de que éste consideró improcedente reconsiderar el primero. El 7 de julio de 2009, Orozco remitió un oficio a Samaniego, donde solicitó ‘‘la cancelación del avalúo correspondiente en virtud de que a la fecha no hemos tenido respuesta’’.
De acuerdo con los consejeros, ya habían pasado 90 días de la petición, cuando había un acuerdo de entrega de 25 días. Con 72 horas de diferencia, el Instituto de Administración respondió que el nuevo avalúo –con obras de remodelación incluidas– estaba concluido y arrojaba 125 millones de pesos, a pesar del cuantioso reporte de trabajos entregado por Orozco, es decir, sólo 7 millones más.
El IFE no conoció esta opción y fue por un tercer avalúo, que tardó cuatro meses más. Participaron para obtenerlo Bancomer, Banamex, Banjército, Banobras e Inbursa. El 21 de octubre de 2009, un oficio de la directora jurídica del instituto, Rosa María Cano, recomendó:
‘‘Se observa que la opción correspondiente a Bancomer presenta la ventaja de ser la única institución bancaria privada que ha realizado arrendamientos financieros con instituciones públicas’’. Santos haría caso omiso y optó por Banobras, que reportó 262 millones de pesos, aunque el inmueble se adquirió en 225 millones.
Sin embargo, Santos no sólo incurrió en esta cadena de acciones que dispararon el costo del inmueble; su inexperiencia en pago de impuestos implicó que el IFE erogara casi 12 millones de pesos por impuesto sobre adquisición de inmuebles (del que las instituciones públicas están exentas).
Asimismo, el funcionario asumió el pago de casi 5 millones de pesos en impuesto predial, que operó en readecuación de partidas del IFE, porque al momento del pago había insuficiencia presupuestal.
Finalmente, conoció de la improcedencia de la reconsideración del avalúo que el instituto solicitó, en detrimento de su propio patrimonio, y alentó la compra en esas condiciones.
