Es imparable el endeudamiento de gobiernos estatales y municipales con la banca comercial: sólo durante el primer bimestre de este año los gobiernos locales se endeudaron con otros 61 mil 212.4 millones de pesos, un crecimiento de 29.1 por ciento respecto del cierre de 2012, revelan datos del Banco de México (BdeM).
Hasta febrero, la deuda total de estados y municipios contratada con la banca privada se elevó a 271 mil 100 millones de pesos. Aparte, la banca de desarrollo reportó un saldo de deuda asignada a los también conocidos como gobiernos subnacionales por 110 mil 300 millones, que representó un incremento de 14.5 por ciento.
Hasta el cierre de 2012 la deuda total de los gobiernos locales, es decir, aquella contratada con la banca privada, la banca de desarrollo, bursatilizaciones y con el gobierno federal, se elevaba a 434 mil 761.2 millones de pesos. A pesar de estar ya en el cuarto mes del año, la Secretaría de Hacienda no ha dado a conocer el informe trimestral sobre obligaciones financieras de entidades federativas y municipios.
Datos del Banco de México sobre los agregados monetarios a febrero pasado, indican: el saldo del financiamiento a los estados y municipios, que conforma 8.3 por ciento del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a 271.1 mil millones de pesos y registró una variación de 16.9 por ciento (respecto del mismo mes del año anterior)
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Por el lado del crédito otorgado por la banca de desarrollo a los gobiernos estatales y municipales, el mismo reporte de agregados monetarios del Banco de México indica: el financiamiento a estados y municipios, que representa 22.1 por ciento del total (del crédito otorgado por la banca de desarrollo) reportó un saldo de 110.3 miles de millones de pesos, presentando un incremento de 14.5 por ciento
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Con datos de Hacienda, al cierre de 2012 al menos una cuarta parte de los gobiernos estatales tienen comprometido más de 60 por ciento de las participaciones federales como garantía de pago y, en casos como los de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, la deuda representa 298.5, 208.3 y 159.7 por ciento, respectivamente, de dichas participaciones.
Según un listado presentado en la información de la Secretaría de Hacienda, donde se desglosa la deuda de cada entidad federativa, los estados más comprometidos son: Distrito Federal, con 58 mil 773.8 millones de pesos, aunque en este caso el techo de endeudamiento es fijado por el Congreso de la Unión. Le sigue de cerca el estado de Nuevo León, cuyo débito se ubicó el cierre de 2012 en 46 mil 952.9 millones.
Los adeudos del estado de México alcanzaron una dimensión de 39 mil 929.3 millones; los de Coahuila, donde los préstamos contratados provocaron un escándalo en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, alcanzó al cierre del año pasado un nivel de 36 mil 421.7 millones; Jalisco adeuda 26 mil 15.3 millones, mientras en el caso de Chihuahua suman 23 mil 284.8 millones.
Manos atadas
Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales y municipales llevan a cabo un detallado análisis de la problemática que entraña el procedimiento de contratación de deuda con instituciones bancarias, así como la aplicación de candados para evitar que ese endeudamiento se convierta en un problema para la economía del país y, particularmente, para las finanzas públicas.
Apenas el pasado jueves las comisiones del Senado aprobaron una serie de reformas para regular el endeudamiento de estados y municipios. En un proyecto de ley avalada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Hacienda, se pretende imponer candados para evitar el alto crecimiento del débito de gobiernos locales, además de establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Además otorgan facultades al Senado para aprobar o rechazar los ajustes financieros que realicen los estados con altos niveles de deuda.
Se propuso para ello la creción de un sistema único nacional de registro de empréstitos y obligaciones de los tres niveles de gobierno y la implementación de un sistema de alertas en el manejo de adeudos públicos; la obligación de los gobiernos en los ámbitos nacional, estatal y municipal, a inscribir y publicars la totalidad de sus créditos y obligaciones de pago en un registro único y público y, entre otras medidas, que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos y la deuda pública.
