La semana pasada, José Carlos Lozano de la Torre, artífice del argüende a gran escala, convertido en la más notoria y significativa política pública de su gobierno, difundió a través de terceros, la existencia de una “orden de aprehensión” contra su amigo Luis Armando Reynoso Femat por la desaparición o inexistencia de un tomógrafo que supuestamente debió adquirirse en 2008. Este hecho, representa menos del 1 por ciento del total de observaciones no solventadas que el órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado dictaminó en su momento ante el silencio y complicidad de las bancadas del PRI y PAN. Dos años después, en 2010, el gobierno albiceleste saliente y el gobierno tricolor entrante, antes de que concluyera la LX legislatura con mayoría del PRI, coordinada por Juan Fernando Palomino Topete, ahora flamante delegado del ISSSTE en la entidad, “negociaron” la aprobación de las cuentas públicas con un “tapaos los unos a los otros”. Municipios gobernados por el PRI, PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista, hicieron gala de su opacidad en el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. De nada sirvió que se fiscalizaran sus cuentas públicas ni se evaluaran los resultados de su gestión financiera según lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y la práctica de auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de acuerdo a los planes de sus respectivos gobiernos conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad que las leyes en la materia exigen. Cárceles faltarían en México para encerrar a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno que han hecho del saqueo a las arcas públicas su principal actividad. Lo del tomógrafo es una minucia insultante comparada con el cúmulo de irregularidades que el órgano superior de fiscalización ha detectado a los gobiernos de Luis Armando Reynoso Femat y José Carlos Lozano de la Torre, quienes ahora se rasgan las vestiduras para defender a ultranza las leyes que ellos mismos han pisoteado a placer. Los que hoy proclaman justicia y una aplicación estricta de la ley los ata una cadena interminable de injusticias que nunca han deseado romper. Uno y otro han conceptualizado la mentira de acuerdo a la dimensión de sus ambiciones y lo que más los ha pervertido, no es la riqueza en sí misma sino el enfermizo afán de alcanzarla. Detrás de toda fortuna mal habida siempre hay un crimen que se oculta. Por algo Luis Armando Reynoso no quiso combatir la corrupción en su gobierno ni a José Carlos le importa combatirla en el suyo porque sencillamente ambos forman parte de ella. El show mediático del “tomógrafo” nada tiene que ver con el Estado de Derecho ni mucho menos con la rendición de cuentas derivados de lo que la ley exige en materia de revisión de ingresos, subsidios, transferencias, donativos, fondos, gastos fiscales y deuda pública. Lo más preocupante de estos personajes no son sus mentiras, su deshonestidad, sus francachelas o el patrimonio que alcanzaron en el ejercicio del poder público; tampoco el saber que les interesa más la opinión pública que el dictado de su propia conciencia. Lo más grave es el silencio de una sociedad que tal parece ya perdió su capacidad de indignación ante este tipo de gobernantes cómplices de verdugos y holgazanes que nunca entenderán que la Justicia es una virtud republicana donde la igualdad y la libertad encuentran su punto de equilibrio. José Carlos Lozano de la Torre y Luis Armando Reynoso Femat podrán presumirnos su extraordinaria capacidad para contarnos cuentos, pero nunca para rendirnos cuentas como lo manda la Ley. Arrancaron las campañas políticas en Aguascalientes y de lo único que estoy segura es que a pesar de que José Carlos Lozano de la Torre asuma su nuevo oficio de cilindrero, su monito será derrotado.
