- Compañías, que hacen uso indebido de las bases de datos personales, violan derechos humanos de quienes, en su momento, confiaron en una supuesta confidencialidad
Omar Williams López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó la prevalencia de una incipiente cultura en la obtención, manejo, uso y protección de los datos personales que tiene como resultado la violación sistemática a la privacidad individual.
Al participar en una conferencia impartida por funcionarios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), dirigida a trabajadores y funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, López Ovalle expresó su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mexicanos que han brindado información personal por diversas causas, ya que gran parte de esos datos van a parar a compañías de telemarketing, en el mejor de los casos, y en otros, a manos de la delincuencia organizada.
“Es fundamental avanzar en el tema de una mayor cultura en el manejo y protección de la información personal y privada de las personas que, por el seguimiento a trámites, tienen que brindar a la autoridad o a entidades privadas. Esa información debe estar bien resguardada, ya que no todos saben que su protección está prevista en ordenamientos jurídicos federales y estatales”, expresó el ombudsman.
En el caso de las entidades gubernamentales estatales, la información brindada por los particulares, generalmente recibe un trato apegado a la ley; el ITEA ha realizado importantes esfuerzos por establecer una cultura para el manejo adecuado y legal de la información de los particulares, sin embargo, “es fundamental que todos nos sintamos seguros de que ni entidades públicas ni privadas harán un uso indebido de nuestra información”, dijo.
Omar Williams sostuvo que los ciudadanos tienen mecanismos de protección, que lamentablemente no son usados de forma suficiente, pero que existen y sirven para proteger los datos personales de la gente. De hecho los ciudadanos pueden presentar quejas ante el ITEA o el IFAI, instituciones responsables de garantizar la salvaguarda de su información personal. En caso de incurrir en violaciones a la ley, las penalizaciones para las empresas van de los 100 a los 320 mil días de salario mínimo vigente, es decir, hasta 17 millones de pesos. Las multas podrían aumentar en caso de reincidencia o de afectar datos sensibles.
