Conforme se alarga indefinidamente la espera por buenas noticias en materia económica, se acumulan las presiones en lo social. Preocupándonos por los indicadores financieros y monetarios olvidamos transitar por los caminos que acrecientan la riqueza y la justicia social. Con el eufemismo de que “se revisarán las expectativas de crecimiento económico”, el Banco de México reduce la expectativa de crecimiento económico a 3.1 por ciento anual enviando el mensaje de que las cosas han empeorado. La expectativa de menor crecimiento es mala noticia no porque crecer mucho sea por sí mismo deseable. El crecimiento económico, como funciona en el paradigma económico en que nos hemos atorado, se basa en la locura de apañar todos los recursos para obtener ganancias, beneficiando a pocos y desamparando a muchos. La noticia es mala porque ni siquiera eso de crecer a costa de todo le funciona ya al sistema capitalista depredador.
Y mientras, el imparable torbellino financiero monetario continúa vaciando bolsillos y chequeras. El endeudamiento excesivo de gobiernos, empresas y personas con el sistema bancario está haciendo de éste un agujero negro -que se traga el dinero-, cada vez más grande. En un mundo donde los recursos naturales aún abundan y donde la productividad del trabajo humano alcanza hoy los niveles más altos de la historia, o sea, donde no debería haber pobreza, la falta de recursos monetarios causa estragos al hacer inoperantes los canales por donde debería fluir la riqueza.
La falta de dinero no es pobreza, pero presiona fuertemente la estabilidad social. La gente sigue poseyendo sus aptitudes y capacidad de generar riqueza, pero o bien obtiene apenas lo necesario para sobrevivir o no tiene quien le pague por ello. El mundo sigue teniendo una amplia reserva de recursos para generar la energía vital para la economía, pero lo que sucede es que no hay dinero circulando. La desigualdad socioeconómica que esto genera y la falta de oportunidades de ocupación digna son campo fértil para la gestación y desarrollo de inseguridad y violencia en las sociedades.
El programa iniciado en Aguascalientes bajo el nombre de Seguridad y Convivencia, cuya lógica está en combatir la inseguridad con inserción social y participación ciudadana, entró la semana pasada en una nueva fase. Este programa que ha sido tomado como modelo por la administración federal para aplicar en los 57 municipios en con mayor índice de violencia y delincuencia ha comenzado a extender y profundizar su relación con el sector empresarial.
El hecho de incorporar al sector productivo de la sociedad para concretar la inserción social con miras a propiciar la seguridad social y ciudadana, es loable, necesario y lógico, pero para que sea operante, es necesario reparar en sus limitaciones. Por un lado, el momento que vive el mundo en la actualidad hace que este sector esté más preocupado por su propia viabilidad y, por el otro, la parte del sector empresarial que podría incidir más en la solución del problema de inseguridad es, en realidad, una de las principales causantes del problema. La parte mayoritaria del llamado sector empresarial, es también víctima de la violencia e inseguridad.
El ambiente de inseguridad y violencia se gesta en una sociedad que padece violencia estructural. Se entiende como violencia estructural la que ejerce el entorno físico, psíquico, político y social que se traduce en sentimientos de coraje en otros por la imposibilidad de acceder a condiciones satisfactorias de vida. Los factores que causan la violencia estructural se transmiten a través de los roces interpersonales –e interempresariales- de la vida cotidiana. El micronegocio que es violentamente desplazado por la competencia en desigualdad de circunstancias y poder económico por las grandes empresas, es un importante factor que acentúa el problema de inseguridad al perder su capacidad de generar ocupación digna a quienes dependen de éste.
La crisis global ha acentuado las diferencias sociales dentro del sector empresarial. El 98 por ciento de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas -Mipymes-. Son fuente de empleo para nueve de cada 10 personas ocupadas y el valor de sus ventas equivale al 81 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB-. El 2 por ciento restante de las empresas, las que producen el 19 por ciento del PIB, sin embargo, son las que inducen los patrones de consumo e ideales de estilo de vida, que se convierten en aspiraciones inalcanzables para la mayoría. Son las empresas que mediante su actividad y poder económico pueden desplazar a las empresas de menor tamaño; son las que para conservar su capacidad competitiva global se ven en la necesidad de reducir sueldos y salarios.
Hoy por hoy en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –Inegi-, siete de cada 10 personas ocupadas obtienen por su trabajo 20 pesos por hora trabajada y mantienen a otras tres con ello. De ésas, la tercera parte, ni siquiera alcanza los siete pesos de ingreso –menos de medio dólar- por hora trabajada.
Enfrascados en la crisis del atraco financiero que ha desarticulado a la economía global, los hacedores de la política económica se han cegado hasta el punto de morderse un codo y aceptar que la economía no crecerá. El camino deseable ante las condiciones prevalecientes es otro y tiene que ver con acciones de política social y reglamentaria para compensar la desigualdad prevaleciente en el sector empresarial: para acotar la canibalización entre empresas. Así, el programa de Seguridad y Convivencia que ya es nacional, es adecuado para aplicarse a nivel municipal siempre y cuando se acompañe de una reglamentación que favorezca el desarrollo de la economía local y aplique el mandato constitucional a los ayuntamientos de velar preferentemente por los intereses de sus pobladores.
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