- En exposición magistral, académico del CIDE alertó de la gravedad social de esa reforma
- “Si es una discusión religiosa o ideológica, entonces no pasará”: Gilberto Carlos Ornelas
La iniciativa del derecho a la vida en el Congreso del Estado casi se desinfló cuando un académico sustentó magistralmente su inconstitucionalidad: “es una discusión religiosa e ideológica que difícilmente alcanzará la constitucionalidad”; es decir, no se blindará al estado contra el aborto.
Y se pronunció contra los abusos que el derecho a la vida han provocado en estados como el de Guanajuato, donde se detuvo a 30 mujeres, “acusadas no de aborto, sino de homicidio”, puntualizó el también jurista.
En más o menos una hora, Alejandro Madrazo Lajous, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), puso en claro un debate que ha consumido largas horas de intensa discusión parlamentaria y que, ahora sabemos, inició en 1973 en Estados Unidos, de donde la Iglesia Católica lo propagó a América Latina.
En 2008 la legislatura de Aguascalientes, a iniciativa del Partido Acción Nacional, presentó la primera iniciativa sobre el derecho a la vida y la actual LXI Legislatura, por parte del Partido Revolucionario Institucional, presentó la suya propia.
En Aguascalientes -estableció Madrazo Lajous- podría aprobarse, lo cual facilitaría su impugnación de inconstitucionalidad, como ha ocurrido en estados como Oaxaca y San Luis Potosí, “en cuyas impugnaciones yo participé”.
Alejandro Madrazo Lajous es “el as bajo la manga” que por muchas semanas, sino es que hasta meses, tuvo guardado Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al anunciarle en diversas ocasiones sin que se concretara su asistencia al Congreso.
Antes de meterse de lleno a la investigación académica en el CIDE local, Madrazo Lajous fue litigante que participó muy estrechamente en los procesos del tema del derecho a la vida, desde las discusiones en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que aprobó la despenalización del aborto, “porque allá sí se dan las condiciones sociales que no se replican en los estados”.
La cara de consternación profunda surgió en los legisladores Marco Arturo Reyes Delgado, de Nueva Alianza; Alfredo Nieto Estebanez, del Partido Acción Nacional; y Gilberto Carlos Ornelas, del Partido de la Revolución Democrática, cuando Madrazo Lajous dijo que condición indispensable para sacar adelante su iniciativa del derecho a la vida era primero, revisar todas las leyes de Aguascalientes “y explorar cómo se define la palabra persona y su vinculación con la vida”.
Como no existe ese concepto en leyes y reglamentos locales, sería un trabajo enorme.
“También es indispensable que se responda a esta pregunta: ¿qué bien social busca tutelar esta reforma?”, cuestionó Madrazo y relató que conforme a su experiencia personal, los estados que han debatido el tema, en ninguno de los casos se ha manifestado un bien social concreto.
Fue entonces cuando refirió que la raíz del tema del derecho a la vida surgió en el año de 1973 en Estados Unidos, donde la Iglesia Católica promovió enmiendas a las leyes y de ahí promovió su aprobación en Latinoamérica.
Gilberto Carlos Ornelas -además de Zamarripa- resultó ser el más lúcido en el tema al plantear que si se trataba de una discusión religiosa e ideológica, sin ningún bien social concreto, entonces no pasará.
Alejandro Madrazo remató: “es muy delicado aprobar estas reformas sin conocer con precisión cuáles serían sus consecuencias, porque en mi opinión, va a afectar todo el orden jurídico en Aguascalientes”.
