Pasada toda esta euforia superficial de las elecciones locales, es pertinente discutir sobre un tema que afecta a nuestras finanzas públicas, y lo que es peor, agranda la brecha de la desigualdad en México. En mayo del presente año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), condonó a Televisa un crédito fiscal cercano a 3 mil 334 millones de pesos. A cambio, la televisora debió pagar 10 por ciento de esa deuda y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde el 2011 (Universal, 11 de mayo 2013). Todo esto, al parecer, está jurídicamente sustentado e inscrito dentro del programa “ponte al corriente” el cual permite una disminución de hasta el 100 por ciento del monto de los créditos fiscales.
Pero dejemos de discutir sobre si lo anterior está sustentado o no, discutamos sobre cómo se articulan los intereses privados en el accionar público. Es increíble que una empresa con el potencial de Televisa pueda gozar de beneficios fiscales iguales a un ciudadano común, que trabaja y cumple con sus responsabilidades. ¿Quién está detrás? ¿Cómo se gestan las leyes y las rendijas que benefician los intereses de las élites?
De acuerdo con el modelo norteamericano, se conoce como lobby a aquellos actos en los que agencias e individuos representan –e inciden en- los intereses de privados dentro de las decisiones de las autoridades públicas. Esta práctica es bastante común en nuestros países latinoamericanos, sólo que con una pequeña diferencia respecto al modelo norteamericano: no está regulada.
El claro ejemplo es el de Televisa. No es que sea parte de, o promulgue, los ideales de los yo soy 132 (quienes también viven del lobby), pero sí coincido en que las prácticas de esta televisora perjudican al país, representan un gasto fiscal (lo que deja de percibir el Estado en materia tributaria debido a condonaciones y créditos) y un alto costo a la cohesión social.
Ya no se trata de reconocerlos como poderes fácticos. Esto fue un tardío primer paso. Se trata de cerrarles la llave de la inequidad. Los recursos del Estado no pueden estar beneficiando en una mayor medida a esta clase de grupos poderosos que sólo velan por su propio interés. Quizá insisto mucho con este ejercicio, pero imaginemos cuánto no se puede hacer con más de 300 millones de pesos condonados.
Es claro. Este año se presupuestaron 248 millones de pesos al Fondo de Cultura Económica (FCE), por el contrario, se dejó de percibir más de 300 millones por un crédito fiscal a una de las televisoras que más han obstaculizado el desarrollo sociocultural de este país. Es decir, con lo que se dejó de recaudar se podría potenciar, casi al doble, el desarrollo intelectual de México. ¿No es surreal?
En una democracia, en eterna construcción, existen muchos intereses en la toma de decisiones. Es algo normal, esperable. Pero también es un deber institucional nivelar la cancha en donde todos jugamos y que cada quien contribuya, conforme a su capacidad, con el desarrollo de este país.
Son dos vertientes las que se tienen que atacar de raíz. Una institucionalidad que garantice que en la toma de decisiones políticas, todos, pero absolutamente todos, estemos contemplados; así como un pacto fiscal que nos permita mejorar el bienestar de los que menos tienen, de los más desaventajados.
La próxima entrega continuaremos discutiendo sobre cultura.
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