- Nueva iniciativa del Ejecutivo no contempla fortalecer este concepto
- Se centra en hacer “que los usuarios se acostumbren a consultar el portal electrónico”
El 25 de octubre de 2012 este periódico publicó una nota con declaraciones del diputado Gustavo Granados Corzo y datos del Senado de la República. En el texto se indicaba que de acuerdo con la Cámara Alta Aguascalientes era el último lugar nacional en materia de transparencia gubernamental debido, principalmente, a las ataduras legales.
En entrevista el legislador priísta mencionó que “el rezago consiste en que a nivel constitucional no existe autonomía en Aguascalientes para los órganos de transparencia, y obviamente esto implicaría una reforma que tendríamos que llevar a cabo aquí en el Congreso, y que ya estamos empezando a trabajar”.
Los apuntes del Senado, dijo entonces en entrevista, dañaban la imagen del estado. Anotó que tras las últimas reformas jurídicas el Órgano Superior de Fiscalización ya podía actuar con cierta autonomía, mientras que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) aún no podía hacer lo mismo.
Después del de Aguascalientes los gobiernos de Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas y el Distrito Federal fueron los peor evaluados en la materia.
Este 27 de junio el gobernador Carlos Lozano de la Torre propuso al Poder Legislativo la modificación de siete artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Jornada Aguascalientes cuenta con el dictamen generado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que se encuentra a unas firmas de turnarlo al Pleno para su votación.
De entrada se puede anticipar que la palabra “autonomía” no aparece dentro de la redacción. Se trata de una reforma que sólo transformaría los procesos de disposición de información.
“El objetivo esencial de la propuesta es actualizar dicha ley para introducir y obligar al uso de medios electrónicos, lo que hará que se den procesos de automatización y de integración en línea, además de que los usuarios se acostumbren a consultar el portal electrónico y accedan así a la información sin necesidad de acudir a ventanilla o a oficinas de dependencias gubernamentales”.
Entre el 1 de enero y el 20 de julio del presente, las estadísticas del ITEA mostraban mil 707 solicitudes concluidas. Sin embargo 140 fueron catalogadas como parcialmente positivas, 193 fueron reasignadas, en 256 casos se reportó “información inexistente”, 79 peticiones de información fueron declaradas negativa/reservada y otras 30 negativa/confidencial.
“Por lo anterior, se moderniza el sistema y se obtiene en forma más rápida y adecuada el acceso a la información pública, por medios electrónicos remotos o locales”, concluye la iniciativa del Ejecutivo.
No se dota al instituto con mayores facultades para buscar y proporcionar datos. Sí se habla de que todos los sujetos obligados deberán poner equipo de cómputo e impresión a disposición de la ciudadanía.
Pese a todo la autoridad reconoce que “los estados con mayores niveles de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social”.
Se añade que “en estos estados los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia, permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública”.
El 29 de octubre del año pasado, apenas unos días después de lo vertido por el diputado Granados Corzo, Sergio López Ayllón, hoy director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo a La Jornada Aguascalientes que en el país no se había entendido la importancia de desnudar la actividad oficial.
“Sin información no hay rendición de cuentas… Se piensa que con poner institutos, tener sistemas de acceso a la información y entregar la información [al ciudadano que la solicita a determinada dependencia] ya se está rindiendo cuentas, y eso es quedarse corto, es una idea chata”.
-¿Cómo se cierra este circuito si nunca vemos funcionarios tras las rejas? -Se le preguntó.
-Un elemento de una buena rendición de cuentas implica la sanción, pero por sanción no entendamos necesariamente la cárcel o el castigo; la sanción más efectiva al final del día es la sanción democrática. ¿Cuándo se ejerce la sanción democrática? Cuando el ciudadano ejerce su voto de manera informada, porque en ese acto, dadas las condiciones, lo que está haciendo es sancionando positiva o negativamente la acción de un gobernante.
Foto: Víctor Pérez /Archivo La Jornada Aguascalientes
