- En carta insisten los priístas en que Acción Nacional cometió actos ilegales
- Indican que se pretende imponer condiciones para adelantar acciones como la entrega recepción
A través de un correo electrónico, sin firma, desde la cuenta prensapricalvillo@yahoo.com.mx se exige a La Jornada Aguascalientes que, en nombre del “derecho de réplica, el cual está avalado en el Artículo 6 de la Constitución Mexicana” se publique un texto en respuesta a la nota de Carlos Alonso López (Se politiza en Calvillo la entrega recepción), publicada en este diario en la página 3 de la edición del 4 de agosto.
En la nota referida, Javier Luévano Núñez, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Calvillo, y quien aventajara por 22 puntos al priísta Ismael Landeros Eudave en las elecciones del 7 de julio, señalaba que la administración en turno, a cargo de Jorge Martínez Villalobos, operaba para heredarle conflictos, mediante la realización de despidos masivos para “que la gente despedida se vaya a la demanda para dejárnoslas en turno”, además de denunciar el intento de basificar a 50 trabajadores de “su círculo de confianza”, más la suspensión de un par de programas.
Antes del domingo 7 de julio, el PAN había llevado más de una veintena de quejas y denuncias (siete por la vía penal) a órganos como el Instituto Estatal Electoral y las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado. Durante la etapa de campaña algunos panistas de Calvillo aseguraron haber sido agredidos por la Policía Municipal, cuyos elementos los habrían encañonado precisamente en un acto proselitista.
A continuación se presenta la carta sin firma que llegó a esta redacción:
En referencia a la nota publicada en el periódico La Jornada Aguascalientes, José Luis Escobar Rojas, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Calvillo, afirmó que el PAN, encabezado por su alcalde electo Javier Luévano Núñez, son los que están politizando la entrega recepción en el Municipio, ya que aún enfrentan un proceso derivado de las acciones ilegales que realizaron el día de las elecciones.
Por otra parte, puntualizó, la administración del presidente Jorge Alberto Martínez no heredará problemas a su sucesor, ya que se entregará una administración sana, sin ningún tipo de deuda, muy diferente a como se recibió del ex alcalde panista Jesús Soto López, actualmente preso por los malos manejos de las finanzas públicas.
Respecto a las declaraciones que mencionó Javier Luévano en relación a un supuesto “despido masivo” de trabajadores, denota una total falta de información, un afán de protagonismo con base en la descalificación del trabajo de los demás, pues sí se ha realizado recorte de personal en algunas áreas, las cuales se hicieron conforme a la ley con el fin de que la administración trabaje de manera más eficiente.
Otra de las mentiras que mencionó el abanderado panista, se refiere a la supuesta sindicalización de 50 personas del “círculo de confianza” del alcalde, afirmación temeraria que no tiene base para sostenerla, ya que es de todos sabido que cualquier trabajador con seis meses de antigüedad, puede solicitar su sindicalización, pero esta facultad para decidir la admisión de nuevos miembros recae sólo en los dirigentes del SUTEMA.
Para dejar en claro temas como la suspensión de obras con mezcla de recursos federales como el de Hábitat, el propio alcalde Jorge Martínez mencionó en sesión de Cabildo que se desistió de participar en el programa por dos razones: la primera porque no se iban a poder ejecutar las obras porque la veda electoral retrasó el comienzo del programa, y la segunda porque en la realización de licitaciones y la terminación de obras el tiempo es muy corto, por lo que no se lograrían terminar antes de fin de año. Sin embargo, mencionó que el programa lo retomará el Gobierno estatal y se efectuarán las obras que se tenían contempladas. Por otra parte dejó en claro que todos los proyectos aprobados en las comunidades y colonias no se suspenderán y se entregarán en tiempo y forma.
Mencionó que también se culminará la reconstrucción del Lienzo Charro Mariano Ramos antes de finalizar la administración, ya que no se habían recomenzado ésta y otras obras y algunos programas por los impedimentos derivados de las elecciones.
Con estas aclaraciones, indicó José Luis Escobar, se evidencia que el juego de Acción Nacional y sus integrantes sólo obedece a cuestiones políticas, con las que pretenden legitimar los actos ilegales que ejecutaron durante la campaña y que culminaron el día de la jornada electoral; por otra parte, nadie sabe cómo le harán para cumplir tantas promesas de campaña, compromisos personales, monetarios, de empleo y de obras que prometieron en todo lo ancho y largo del municipio.
Escobar Rojas aprovechó la ocasión para enterar a la próxima administración de que los números que entregará Jorge Martínez serán claros y transparentes, ya que contrario a lo que se recibió de Jesús Soto, deudas y problemas en todas las áreas de gobierno, se heredará una administración sana y con una dinámica de trabajo que se palpa en todas las colonias y comunidades.
Referente a la entrega-recepción mencionó que aún existe un proceso legal en contra el PAN, derivado de las acciones ilegales que realizó este partido durante el proceso electoral del 7 de julio pasado, el cual aún no se ha concluido. Este juicio interpuesto por el PRI, se entabló, entre otros hechos, porque durante la jornada electoral llegaron a todas las casillas hombres y mujeres vestidos con playeras azules, algunos hasta con perros de pelea, los cuales se dedicaron a amedrentar a los votantes que suponían contrarios a su partido, para que no ejercieran su derecho a sufragar, el cual debe efectuarse con libertad y seguridad; también, dentro de sus actos ilícitos, los simpatizantes panistas realizaron proselitismo para inducir al voto en favor de la coalición PAN-PRD, hechos documentados en la demanda y que aún no hay una resolución por parte de las autoridades competentes.
Otro hecho curioso durante la jornada electoral fue cuando Javier Luévano Núñez, aún candidato a presidente municipal, estuvo afuera del Comité Directivo Municipal del PRI, incitando a la violencia, nota comprobable, pues fue documentada por TV-UAA.
Consecuentemente, mientras exista dicho proceso, no puede haber un acercamiento entre ambos alcaldes, ya que según el Código Municipal, en su Artículo 577 establece lo siguiente: “una vez reconocido legal y definitivamente por la autoridad electoral competente, el presidente municipal electo constituirá una comisión de enlace, en coordinación con el presidente municipal saliente, quien a su vez designará la comisión correspondiente, [para que] preparen la transferencia de información sobre el estado que guardan los asuntos y aspectos financieros, sistemas de información, recursos humanos, recursos materiales, obras públicas, archivos y asuntos generales sin que esto implique la entrega de documentación alguna”.
Por lo tanto, afirmó que el alcalde está actuando conforme a la ley y mientras el Tribunal Electoral no emita un fallo por el juicio que se promovió en contra de Acción Nacional, no se podrá llevar a cabo proceso alguno de entrega-recepción.
Escobar Rojas, también envía un mensaje al alcalde electo para que no se preocupe por los números que dejará la actual administración, ya que el alcalde Jorge Martínez no dejará la administración en números rojos y sí cuestionó enfático, qué hará Luévano Núñez con las demandas que gente de su propio partido tiene en contra del Ayuntamiento, que en conjunto, son alrededor de 13 millones de pesos, personas que ocuparán puestos de confianza, como son Mario Morales Contreras, que está pidiendo 465 mil pesos o reinstalación y entrará como regidor; tenía un puesto de confianza y a pesar de eso demandó o María del Carmen Eudave Ruiz, que entrará como directora de DIF Municipal y demandó por 280 mil y reinstalación.
Actualmente existe un total de 42 demandas, que interpusieron ex empleados de la administración de Jesús Soto López, pero lo que resalta es que el 50 por ciento de las demandas fueron hechas por funcionarios de primer nivel; siete secretarios, dos directoras, 12 jefes de departamento, quienes al tomar el cargo, están en el entendido de que se van junto con el alcalde, sin demandas de por medio; el resto de demandas (21), fueron por parte de supervisores de obra, técnicos de microcuencas, jueces calificadores, inspectores de reglamentos, instructores de deportes y demás auxiliares administrativos y asistentes de varias áreas.
Por esa razón, pedimos a los calvillenses que den seguimiento a dichas demandas, porque seguramente cobrarán el dinero que están demandando y también ocuparán un cargo público en la próxima administración y esperamos que para el beneficio de Calvillo, el alcalde electo realice alrededor de las 300 obras que efectuó el actual presidente Jorge Martínez y, que no que diga que él sólo prometió atender a la gente, no hacer obras públicas.
Foto: Roberto Guerra.
