En los últimos meses hemos sido bombardeados con campañas publicitarias de toda índole. Unas para decirnos que los doce años de gobiernos panistas fueron tiempo perdido y que el país retrocedió. Otras para hablarnos de las “bondades” de las reformas Constitucionales y las leyes que las reglamentan, las cuales se nos presentan como la panacea para solucionar todos nuestros males.
En la primera campaña debemos analizar los antecedentes y la actualidad. El país en el 2000, a la llegada a la Presidencia de Vicente Fox, se encontraba aún dentro de los efectos de la crisis y error de diciembre de 1995, y del desmoronamiento del mito que el presidente Carlos Salinas nos vendió, de un supuesto país fuerte, a salvo de crisis externas e internas. Durante esos doce años criticados y denostados se logró la estabilidad económica y social que necesitaba el país para crecer, si bien en porcentajes no los deseados -entre el 3 % y el 6%- y se logró evitar las crisis sexenales que hacían que perdiéramos el producto de nuestro trabajo sin haber hecho algo para que sucediera, sólo el desorden y el populismo de aquellos tiempos fueron los culpables.
En la actualidad pareciera que vamos en ese indeseable camino; la moneda se ha debilitado, la inversión está semi-paralizada, la bolsa de valores está pasando momentos angustiantes, la rama de la construcción de vivienda está en crisis, a la alza el desempleo a nivel nacional, a pesar de que el Congreso aprobó la reforma laboral que nos daría la creación de empleos en una cantidad histórica; y una administración federal y del distrito federal puesto en jaque por hordas de agitadores violentos, apostando al síndrome del 68, por lo que ningún gobierno quiere aplicar la ley, con una batería de reformas Constitucionales en materias de educación, energía, hacendaria y financiera, las cuales se van conociendo hasta que se presentan al Congreso, o bien se manifiestan grupos descontentos con las mismas; pero éstas en ningún momentos han sido consensuadas con la sociedad civil y con los demás grupos políticos, por lo cual el factor sorpresa se vuelve negativo y causa este tipo de enfrentamientos.
Uno de los logros más importantes de esta administración fue el obtener la firma del Pacto por México, lo cual comienza a ser muy costoso pues ahora los partidos firmantes comienzan a pagar un precio muy alto por él, ya que están enfrentando una guerra civil interna con una serie de desacuerdos y acusaciones de “vendidos”, perdiendo el apoyo de sus bases en una buena parte. Si este debilitamiento sigue su apoyo al pacto será sólo de membrete.
Por otro lado los gobernadores comienzan a deslindarse del financiamiento de los grupos que llegan al Distrito Federal a causar desorden y otros comienzan a decir que no pagarán a los maestros, lo cual comienza a ser un tanto increíble, pues al hacerlo irán a cobrarles y lo que menos desean es verlos. Los dirigentes de partidos, aún los de izquierda, piden que se investigue quien está financiando estos movimientos que exigen cantidades enormes de dinero para su funcionamiento. Se ha llegado al extremo de exhibir a legisladores de todos los partidos, pues los demandantes no llegan acuerdo alguno y juegan con ellos, los denuestan y amenazan, llegando a hacer que el congreso tenga que buscar sedes alternas asediadas por los violentos, con enfrentamiento entre el gobierno federal y el local por la aplicación de la ley. Y los maestros amenazan con: “o se les da lo que exigen o van a ser más violentos”.
Así las cosas la pregunta es: ¿Hay solución a estos problemas? La respuesta es: Sí, si la hay y es el dialogo. Para ello se debe explicar a la sociedad en su conjunto las posiciones de uno y otro lado, y que se hable en qué son perjudicados los derechos de los maestros y cuál es la justificación de las reformas, en bien de la educación de todos los niños y jóvenes del país lo cual es una urgencia y que la sociedad apoye a quien tenga la razón; si hay artículos de las leyes que realmente perjudiquen a los trabajadores de la educación que se analicen, pues la Constitución es muy clara en lo relativo de que ninguna ley podrá ir en contra de los derechos fundamentales de los mexicanos.
La importancia es que no sólo una de las partes sea la que tenga disposición de diálogo y la otra tenga la posición de imponer su pretensión y de que se hace lo que exigen o se deciden por la violencia, y en ese caso creo que la sociedad mexicana dará el apoyo a quien le asista la razón, la cual deberá ser por el bien del país.
La posibilidad de que esto suceda será si no hay detrás de todo esto otro tipo de intereses ajenos al interés nacional. Esperemos que el diálogo prevalezca y se den los espacios necesarios políticos y administrativos para resolver la problemática nacional en su conjunto.
