Ayer se instaló el periodo ordinario en el Congreso de la Unión y es en estos meses cuando se pretende concretar la mayor parte de los compromisos firmados en el pacto.
A reserva de observar cómo evolucionan y qué rumbo toman los iniciativas que se van a discutir y aprobar, la importancia de los temas me permiten inferir que se prepara un trascendental discusión que impactará esperemos, el andamiaje institucional del régimen político del país.
¿Qué temas se agendaron para este periodo que nos hacen suponer que inician los cambios profundos en el sistema político mexicano?
Los temas en la agenda, además de cerrar el círculo en la Ley General de Educación, La Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INNE), y la Ley General del Servicio Profesional Docente, junto con estas también se incorporan:
La reforma financiera, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, La reestructuración jurídica en materia de transparencia y el papel del IFAI, la Ley de disciplina financiera para regular la deuda a los estados de municipios. Todos estos cambios requieren reforma constitucional.
Entre los acuerdos firmados por el pacto que se pretenden aprobar en este periodo, es la reforma constitucional que homologa los sistemas de catastro en todo el país. Otra reforma constitucional que ya está en comisiones, es la de los derechos humanos jóvenes.
Se van a aprobar también un gran paquete de Leyes reglamentarias; las que se derivan de la reforma política promulgada en agosto de 2012, y que tienen relación con la consulta popular, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.
Las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, televisión y radio. La reforma financiera va a obligar a generar leyes reglamentarias en materia de competencia económica.
En relación al tema de mejor impartición de justicia, se pretende una Reforma constitucional para tener un código penal único que opere en todo el país. Esto obligaría a crear un nuevo código penal y uno de procedimientos penales.
En materia electoral también se pretende realizar una reforma constitucional para establecer una estructura jurídica distinta que se encargue de manera más centralizada de los procesos electorales y el pilar fundamental de esta reforma es la creación del Instituto Nacional Electoral.
La reforma política hace inevitable cambiar el marco jurídico actual por otro que dé más equidad y transparencia a la competencia política. Se requiere de un esquema con mayores contrapesos a la élite política que se encuentra en el gobierno, independientemente de su filiación partidista.
El entramado jurídico que aborda la reforma política, requiere también de una reforma constitucional y varias leyes reglamentarias. Una de ellas por ejemplo, es la Ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental. Se tienen que fijar criterios claros para publicitar los “logros” de los gobiernos en cualquiera de sus niveles.
Está en discusión la reforma política del Distrito Federal, ya que una demanda añeja de los capitalinos es contar con un gobierno y una Constitución propia. Ser el centro del país le ha significado a sus habitantes rezagos a sus derechos políticos, ya que hasta la década de los ochentas, los capitalinos pudieron elegir jefes delegacionales, y en la jefatura del gobierno el Presidente designaba un encargado de despacho que hacía las funciones de regente capitalino.
Junto con esta agenda también se tendrá que realizar la designación de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), los comisionados de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco). Expedir la convocatoria para la renovación del Consejo General del IFE en donde se renovarán cuatro consejeros electorales y el Consejero Presidente. Esta elección debe realizarse a más tardar el 30 de Octubre de este año.
Además de la discusión de la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Los legisladores de este país, tienen una alta responsabilidad con los mexicanos.
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