- Mayor participación al sector privado en la infraestructura de Aguascalientes
- Unanimidad en maratónica sesión de cuatro comisiones de la LXI Legislatura
En votación precedida por un receso para evitar rispideces, el Congreso del Estado derogó una ley y aprobó otra, con el mismo nombre, que permitirá una mayor coordinación entre los sectores público y privado, para catapultar la infraestructura y el desarrollo de la entidad.
Se citó a las 13:30 e inició casi una hora después, a las 15:35, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Gregorio Zamarripa Delgado, una vez agotado el desfile de oradores, proclamó el ansiado: “A votación”.
Fue ahí donde Alfredo Reyes Velázquez propuso una suerte de doble votación -una económica y otra política, para no disminuir el control del Congreso en ningún sentido- y Zamarripa Delgado decretó un receso que resultó de unos 40 minutos. Se desalojó a los medios de comunicación y, en privado, el PRI le echó montón al PAN y surgió el acuerdo.
Al reanudarse, se aprobó por unanimidad la nueva iniciativa de Ley de Proyectos y Prestación de Servicios, reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política, Ley Municipal y Ley de Deuda Pública, todas del Estado de Aguascalientes, que promoverá la participación privada en la infraestructura, en condiciones innovadoras y más equitativas para todos. (La ley derogada es exactamente del mismo nombre).
Antes, al inicio del periplo parlamentario, Gustavo Granados Corzo, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, dijo que Aguascalientes tiene desde 2007 una ley inoperante y riesgosa, donde la iniciativa privada, que se halla dentro de un esquema rector del gobierno, muchas veces ofrece servicios de mayor calidad.
Se proyecta designar un administrador, mediante el análisis de aspectos como el costo-beneficio; “hay que ver el mundo de la administración pública con una visión innovadora, la ley que tenemos ya no es suficiente, que el sector privado sea un aliado más cercano al gobierno, a través de la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas”, postuló.
Arturo Robles Aguilar, presidente de la Comisión de Vigilancia, mencionó que en los planes del gobierno, actualmente hay proyectos de infraestructura por unos 30 mil millones de pesos y resaltó las necesidades de infraestructura para el desarrollo, que requiere innovación.
El presupuesto en insuficiente -agregó- y la participación del sector privado debe pasar por una nueva ley, “que es de urgente necesidad aprobar”.
Robles Aguilar se refirió al Bono Cupón Cero (Profisen) del que hay un monto de 255 millones de pesos, más otros 100 millones del gobierno del estado, con los cuales se hace factible acceder a un financiamiento hasta por 800 millones de pesos; y mencionó el legislador los 500 millones aprobados por el Congreso, pero no utilizados debido a que, como informó el secretario de Finanzas, se recurrió a financiamientos alternos.
A su vez, Mario Guevara Palomino, presidente de la Comisión de Planeación y Obras Públicas, fundamentó su voto a favor y dijo que uno de los principales compromisos de los gobiernos, es el cumplimiento de sus planes sexenales:
“Actualmente, las percepciones del gobierno no son suficientes, por lo que se requiere de mecanismos más novedosos para buscar la inversión el financiamiento de la infraestructura”, mencionó y citó un caso de la Gran Bretaña, que cuenta con un modelo de financiamiento similar y que en 2003 en Guanajuato se convirtió en uno de los principales estados impulsores de ese esquema, replicado después en Baja California y Nuevo León, “y la iniciativa de Aguascalientes es mucho más amplia y reglamentada”, destacó.
Refirió las grandes obras realizadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México -segundos pisos, Arco Norte, etcétera- que se llevaron a cabo con el esquema de los PPS (Proyectos para Prestación de Servicios).
El panista Arturo González Estrada -al reaparecer en las tareas parlamentarias, luego de larga ausencia- reconoció las ventajas de la nueva legislación que se propone, pero se opuso a que se modificara la Constitución local, en sus artículos 27, de las facultades del Congreso del Estado; y el 46, de las facultades del gobernador, porque -argumentó- “no sabemos qué perfiles tendrán los próximos gobernantes”.
Ese enfoque fue el eje de las intervenciones también de sus compañeros de bancada, Alfredo Reyes Velázquez y Alfredo Nieto Estebanez, al oponerse rotundamente a que se modifique la Constitución, y todos coincidieron en su aprobación a la citada iniciativa; “no estamos contra el progreso, sino contra que se quiten facultades a los legisladores”.
Marco Arturo Reyes Delgado, aliancista, coincidió con los blanquiazules, en tanto que el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Gregorio Zamarripa Delgado, hizo notar que en la ley actual hay acotaciones para la participación de los empresarios, “por lo que se requiere más flexibilidad para tentar a la iniciativa privada a la participación de la infraestructura”. No estuvo de acuerdo en que el Congreso perdiera facultades.
“Esto es cuestión de voluntad política hacia el tránsito facilitador a la infraestructura, o para no realizarlo”, subrayó.
Siguieron segundas intervenciones en que algunas retóricas se enriquecieron y otras disminuyeron -las habituales, como la Comisión de Fortalecimiento Municipal que preside Nezahualcóyotl Álvarez Cardona- a excepción de Reyes Velázquez que se quejó de una expresión durante la reunión de ayer del PAN con el gobernador Carlos Lozano, en la que alguien le dijera “es que no nos gusta que nos retrasen los proyectos en el Congreso”.
