Las instituciones de la sociedad, como las personas y los pueblos, construyen su propia identidad; de igual manera, las administraciones de gobierno van constituyendo, a través de las acciones que realizan en los programas, y, todavía más, de la configuración que van haciendo de sí mismas por medio de los discursos políticos, la propia identidad.
El diccionario de la Real Academia Española define la identidad como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás”. De ahí que, no obstante que también sea la conciencia que tiene una persona de ser ella misma o una institución, no necesariamente nos damos cuenta que estamos construyendo dicha identidad, sino que, sencillamente, hacemos las cosas que creemos que debemos hacer, y decimos nuestras ideas como las pensamos, ambas cosas, ya, en los hechos, como una realidad vivida.
La comunicación política de las administraciones estatales, independientemente de la información que continuamente nos difunden a través de los medios de comunicación, contribuye, precisamente, a construir en la conciencia de los ciudadanos una identidad determinada; es decir, es la manera como la administración de gobierno quiere ser vista por la sociedad, en la que señalan de manera novedosa, por lo general y de manera particular, la acción del gobernante, y no tanto el beneficiario de la acción.
Por la frecuencia con que ha venido sucediendo, desde hace ya bastante tiempo, llama la atención las constantes referencias hechas por el gobernador del estado, Carlos Lozano, a las administraciones anteriores; los motivos de las referencias, efectivamente, son por diversa causa, aunque por sí mismas, repetitivas.
En nuestra cultura política mexicana –en la que se incluye la tradición priísta de las famosas tres cartas que se decía dejaba un presidente de la república saliente, al presidente entrante-, está el necesario deslinde de una nueva administración con la anterior (suceso que, si bien sucedía entre las administraciones priistas, con mayor razón lo hacen con las administraciones distintas a las de su partido). Era la supuesta primera carta en que el saliente, ya en confianza, le decía al entrante, que le podía “echar la culpa” de sus problemas.
De esta manera transcurría el primer año de la nueva administración, y se convertía en el tiempo de los acomodos en el poder, con la necesaria definición de su propuesta de gobierno, plasmada en el plan sexenal que se elabora en los primeros meses, y que es presentado a la sociedad casi a mediados de año. El primer informe de gobierno llegaba a ser el punto final para las referencias a las culpas del antecesor, e incluía los procesos penales a los funcionarios a los que, de manera esmerada y expedita, se les encontraban irregularidades en la revisión de las cuentas del último año de la administración.
El segundo año de gobierno –ya de lleno en la propia responsabilidad del nuevo gobernante- se desarrollaba con la mirada puesta en el futuro y en las propias propuestas determinadas en los programas de cada sector, y que se abocaban al cumplimiento de los compromisos ofrecidos a la sociedad; no se admitía, por lo tanto, que el nuevo gobierno saliera todavía con explicaciones de culpas de la administración anterior.
Curiosamente, en la actualidad, vemos un caso interesante para estudio político, por la manera como se sigue mostrando el gobierno del estado. Para la reflexión y análisis, tomo algunos casos recientes: en el foro Banorte Estrategia México, el gobernador “resaltó que, luego de 12 años en que se cambió el sentido económico que tenía Aguascalientes… Aseguró que hoy, a dos años y medio de haber tomado protesta…” (LJA, 29 agosto).
Con motivo de la presentación de la calificación crediticia por la empresa Fitch Ratings, el discurso mencionó que “el 1 de diciembre del año 2010 recibió un ‘Aguascalientes paralizado por la pérdida de empleos, el nulo crecimiento de los proyectos productivos, la vulnerabilidad de las finanzas públicos…’ Jamás se volverá a hipotecar ni política, ni económicamente el futuro de Aguascalientes” (LJA, 31 agosto).
En la conferencia dictada en la Universidad de Monterrey señaló que “en un tiempo récord de tan sólo 26 meses, hemos propiciado las condiciones para generar tres veces más empleo que en los últimos 12 años” (según la estadística, ahora del Inegi, la cantidad de empleos del presente año, hasta julio, es de 8,364, habiendo disminuido en 830 en relación con el mes de junio, y sin hacer cuentas de las tres veces más que las administraciones anteriores). En los promocionales de radio que estamos escuchando en estos días, también menciona la comunicación política que se pagará la deuda de las administraciones anteriores.
En fin, la sombra del pasado se complementa también, con el proceso penal del ex gobernador Luis Reynoso, que, después de 26 meses, prácticamente, no llega a nada (seguramente eso es lo ridículo de este caso, como está resultando también con otros). La sombra del pasado está presente, así mismo, por aquello de “ya nos saquearon, y no nos volverán a saquear” expresado por el presidente José López Portillo en su sexto informe de gobierno, así como en la suntuosidad con que se manejaban en esos tiempos.
Todavía es tiempo de definir identidad gubernamental, lo que significaría poner la vista hacia el futuro, y no hacia el pasado –sin que se entienda que los procesos penales se abandonen, aunque sí deben dar los resultados según expresan en los discursos-; una identidad que dé a la sociedad aguascalentense beneficios efectivos de progreso para todos, (seguimos escuchando que “se construyen cinco preparatorias”, y, por otro lado, inician actividades dos en condiciones extremadamente inadecuadas, o, que “se hizo la propuesta” de compra de un nuevo tomógrafo para reemplazar al inexistente).
