- Hubo pagos a plazas no autorizadas en el Conalep
- La Contraloría del Instituto determinó “desechar las denuncias” efectuadas por el OSF
La Contraloría interna del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) “determinó mediante auto desechar las denuncias por no encontrar elementos”, después de que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), producto de la revisión de la cuenta pública de 2011, efectuara tres observaciones millonarias al ejercicio de su gasto financiero.
Fue el pasado diez de julio cuando la Contraloría envió el oficio UCI/310/2013 al auditor superior, para comunicarle que no aceptaba lo siguiente:
El cuatro de octubre de 2011 se detectó que el IEA había desviado dos millones 165 mil 500 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para, a través de Banorte, depositarlos en el Fondo Concursable de la Inversión en la Infraestructura para Educación Media Superior.
Las reglas del programa indican que la entidad federativa debe cubrir tales aportaciones con base a los recursos propios, en lugar de echar mano de otras cuentas.
Sin que su voz hiciera eco, el fiscalizador ordenó reintegrar recursos e imponer sanciones administrativas y disciplinarias a los funcionarios involucrados. El IEA se defendió al decir que el depósito de dos millones 165 mil 500 pesos, se había compuesto por remanentes del año 2010.
La segunda observación rechazada involucra al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
El OSF determinó que durante 2011 “se estuvieron pagando plazas no autorizadas” con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, por lo cual el IEA debería cuantificar y reintegrar las cantidades que produjeron daños al erario.
El Instituto de Educación alegó no estar facultado para aprobar plaza alguna, pues tal labor corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante llevó a cabo un número no especificado de pagos salariales.
La dependencia estatal tampoco aceptó responsabilidades al pago a personas con puestos no autorizados ni por las diferencias en los pagos de primas de antigüedad de julio de 2011, en detrimento de diversos trabajadores del sistema Conalep.
El piso de los faltantes en las primas de antigüedad se calculó en 48.59 pesos. El tope fue de mil 656.
El OSF indicó que había lugar a reintegros presupuestales toda vez que los puestos en cuestión no estaban autorizados sino hasta 2012. El dictamen de la cuenta pública también refiere sanciones “administrativas disciplinarias” para los ejecutores de la irregularidad.
Apenas este martes, horas después de recibir el informe sobre el estatus de las observaciones de la cuenta pública de 2011, Alfredo Reyes Velázquez, coordinador de la bancada local panista, expresó una duda sobre el proceso de fiscalización:
“El debate de las ideas trasladadas al Congreso es qué va a suceder con una observación no solventada. ¿Se van a fincar responsabilidades a quien no solventó, o se va a dejar por la paz?”.
Aunque nada tuvo que ver con las actividades del OSF, el 5 de junio el Partido Acción Nacional denunció ante la Procuraduría General de Justicia otro desvío de efectivo en el IEA.
Se habló de 23 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2011 que nunca habrían llegado al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Foto: Gilberto Barrón.
