- Encontró el OSF cinco cuentas bancarias fuera de todo registro
- En 2012 se le pagaron más de 6 millones a empresa de Dulce María Rivas Godoy
El Ayuntamiento de Aguascalientes no logró solventar 59 de las 166 observaciones que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) practicó a su cuenta pública del ejercicio 2012, señala el dictamen que mañana viernes será sometido al voto de la diputación local.
En el compendio de mil 365 páginas se detalla que la administración de Lorena Martínez Rodríguez aún tiene “pendientes de solventar”, 36 de 90 observaciones al gasto financiero, 22 de 75 al gasto en obra pública y una relacionada con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
A lo largo del año pasado, dice el auditor superior, se le pagaron seis millones 369 mil 311 pesos a Promocentro S.A de C.V., empresa de la que es accionista Dulce María Rivas Godoy, ex directora de Museos y Galerías del Instituto Cultural de Aguascalientes, y actual titular de toda la dependencia.
La autoridad no pudo sostener “el motivo por el cual se contrató con una persona moral que tiene entre sus socios a un servidor público del Gobierno del Estado”.
De acuerdo con el dictamen la Contraloría deberá sancionar al proveedor de servicios publicitarios con la suspensión del refrendo de contratos durante un lapso no mayor a dos años.
Al llevar a cabo la revisión también se ubicaron cinco cuentas (cuatro en Banorte y una en Bancomer) no registradas en los archivos municipales. El saldo de todas éstas, al 31 de diciembre de 2012, era de cuatro millones 892 mil 930 pesos.
“Se detectaron cuentas bancarias que no están registradas en la contabilidad del municipio, se llevan en una contabilidad por separado y por lo tanto no se dan a conocer en la cuenta pública”.
En 2012 el diputado entrante, Enrique Juárez Ramírez, aún se desempeñaba como secretario de Servicios Públicos. Se expidió un cheque de 554 mil pesos a su nombre, y no al de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para pagar el servicio prestado al rastro municipal.
Ante esta situación el OSF valoró que no se contaba con la metodología suficiente para garantizar el correcto destino del erario. Aunque se comprobó que tal deuda fue saldada, se ordenó al “funcionario responsable de la omisión” el reintegro de 27 mil 775 pesos por dar espacio a la acumulación de diversos recargos.
El mismo rastro provocó otra observación fiscal. En 2007 la Conagua le impuso dos multas por descargar aguas residuales de manera “intencionada”.
El OSF ordena al Ayuntamiento que “los funcionarios que hayan causado al imposición de las multas” devuelvan a la hacienda pública los 547 mil 77 pesos pagados a la Tesorería de la Federación.
“No se justifica dicho gasto con recursos del municipio, ya que claramente expresa que la conducta es intencional, por lo cual es responsabilidad del servidor público encargado en turno”.
Foto: Roberto Guerra.
