El pasado viernes 25 de octubre, el Congreso del estado, en periodo extraordinario, aprobó las Cuentas Públicas del año 2012, del Gobierno del Estado y de los once municipios; en esta ocasión, la aprobación se dio en unas circunstancias tales, que, en cierta forma, nos permiten apreciar características que nos llevan a considerar que dicha aprobación fue extraña.
No obstante la sexta acepción que expone el diccionario de la Real Academia Española, cuando dice que extraño es el movimiento súbito, inesperado y sorprendente -en razón de que también podría considerarse, por otro lado, que la aprobación de las cuentas públicas por el Congreso del estado, era esperada, por supuesto, siendo éste el motivo, además, por el que deja de ser sorprendente-, no dejan de llamar la atención las circunstancias que se presentaron ante los diputados locales, al dar su voto a favor de la propuesta del dictamen aprobatorio.
Consideremos varios elementos en la reflexión: el trabajo del Órgano Superior de Fiscalización, OSF, generó constantes reclamos de parte de los diputados de oposición. La información de las fiscalizaciones realizadas a las dependencias no les fueron participadas, por lo que no conocieron en los momentos oportunos, a lo largo del año, los resultados correspondientes. La información les llega en las vísperas de la sesión de aprobación de dictámenes en comisiones para, después, llevarlas ante el pleno.
Tal circunstancia llevó a que algunos diputados, en varias ocasiones, pidieran la destitución del jefe de la oficina, quien, supuestamente, llegaría a enderezar los trabajos, después de una prolongada ausencia del titular, con las consecuencias de no realizar fiscalizaciones, tolerada por el grupo parlamentario mayor. Este punto presenta una contradicción cuando en la opinión pública se conoce que fincó más de mil trescientas observaciones a las cuentas, no obstante el resultado final que fue la aprobación de los diputados, dando a entender que sí cumplieron con sus obligaciones.
La siguiente característica en esta reflexión es que, a pesar de los constantes reclamos de los diputados de oposición al OSF, las cuentas públicas fueron aprobadas por todos ellos, con la excepción del diputado del PRD, Gilberto Carlos Ornelas; la oposición del diputado Ornelas se basó en el cuestionamiento de que el OSF sólo fiscalizó el 19.6 por ciento del gasto público, dejando el resto en el supuesto de que no existen puntos por los que se pudieran fincar responsabilidades administrativas o penales.
La pregunta en este punto es, si en el 19.6 por ciento del gasto público que fue auditado, realizaron más de mil trescientas observaciones, ¿cuántas más irregularidades pudieron haber encontrado en el 80.4 por ciento restantes? De este punto pasamos a otra pregunta: ¿cuál es la calidad y buen uso de los recursos públicos en el ejercicio completo del gasto, con el número de observaciones establecidas en tan poco tramo de fiscalización?
Ahora, cuáles fueron algunas de las observaciones que el OSF señaló como irregularidades en el gasto público, y que llegaron al espacio de la información conocida por los ciudadanos –ya que, seguramente, existe mucha más que no llega a ser conocida públicamente-; tomo los puntos señalados por Claudio Bañuelos (LJ, 26 de octubre): el monto estimado de las irregularidades señaladas por el OSF es por más de mil millones de pesos, de los cuales sólo se ordenó reintegrar 75 (cinco veces más del valor del tomógrafo no encontrado). Cita el reclamo del diputado Ornelas, quien asentó que no se interpuso ninguna querella contra los servidores públicos responsables de malos manejos.
Continúa la nota de Bañuelos: el Instituto de Salud dejó de ejercer más de 36 millones; el Instituto del Agua tiene anomalías por casi 65; el Instituto de Educación de Aguascalientes manifiesta irregularidades por 450; el DIF estatal, por 42; y, el fideicomiso de desarrollos industriales tiene que resarcir 9. Otra observación no solventada e investigada por el reportero de Radio BI, Luigi Rivera, es la relativa a la asignación de contratos que sigue haciendo la oficialía mayor del Gobierno del Estado a las empresas de la familia de la directora jurídica de esa dependencia.
Para responder a las observaciones, el priísta diputado presidente de la comisión de vigilancia, responsable de las fiscalizaciones, manifestó que el 92 por ciento de las observaciones no solventadas, “son de tipo administrativas. Cuestiones de manuales y de orden” (nota de Bañuelos). Bajo este criterio, por ejemplo, la oficialía mayor respondió a sus observaciones, que fueron mal hechas, y que la directora jurídica se excusó (Nota de Javier Rodríguez, LJA, 30 octubre), por lo que todo se hizo en el marco de la ley.
De esta manera, llama la atención de los ciudadanos que, ante este panorama de irregularidades no suficientemente solventadas, hayan dado su voto de aprobación a las cuentas públicas, así como se las presentaron. Para encontrar alguna explicación del porqué, es oportuno recordar algunas otras circunstancias que tuvieron los diputados.
Una de ellas es cuando el gobernador del estado afirma que no ha sido necesario dar dinero a los diputados a cambio de sus votos en el Congreso; desde luego, si fuera el caso, ningún diputado, en este caso de los que aprobaron las cuentas públicas, se atrevería a decir lo contrario, so pena de ser descalificado y difamado.
Otra circunstancia que, pudo haber pasado desapercibida, por su fugacidad, fue la de que tenían que despedir anticipadamente a personal administrativo para poder contar con recursos para el bono de marcha, ya que el Congreso no contaba con dinero suficiente; llama la atención, por lo tanto, que, ante unas cuentas públicas altamente cuestionadas, la sesión extraordinaria para su aprobación haya transcurrido de manera rápida y sin mayor traspié. La pregunta que queda en el aire, es ¿cuál fue, entonces, el motivo por el que aceptaron, precipitadamente, aprobarlas, días antes de que termine su legislatura, y sin problemas para ponerse de acuerdo, a excepción, hay que decirlo, del diputado Ornelas?
