A sólo 4 días de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes suspendió su programa de Violencia de Género. Al ser cuestionado sobre los hechos, el Director General del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA), Francisco Esparza Parada, aclaró que debido a problemas presupuestales se tuvo que prescindir de “alrededor de 30 psicólogas” que integraban el equipo de atención a mujeres víctimas de violencia en la dependencia a su cargo. Otras fuentes afirman que se despidió a 6 trabajadores (2 hombres y 4 mujeres) que integraban el programa y a su responsable. La información no es clara, como tampoco lo son las justificaciones que se han dado para explicar los problemas presupuestales y la consecuente suspensión del programa.
Resulta difícil obviar el hecho de que los trabajadores despedidos son, en su mayoría, mujeres. Consciente o no, el mensaje es que el trabajo de ellas no tiene la misma importancia que el de los hombres, que ellas son prescindibles. Pero resulta todavía más difícil de ignorar que, de todos los programas de salud, se suspenda el de atención a las mujeres víctimas de la violencia. Los efectos que ha tenido la poca atención dada al tema son indiscutibles: Aguascalientes se ubica por encima de la media nacional en casi todos los rubros de violencia contra la mujer. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el INEGI en 2011 Aguascalientes ocupa el 7to lugar como la entidad con mayor porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito comunitario, con 32% de mujeres respondiendo que han sufrido algún tipo de violencia en este rubro. La entidad, además, ocupa el deshonroso segundo lugar con mayor porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral -justo el que aquí nos ocupa directamente- con una incidencia de 26.8%. Menciono un último dato de la ENDIREH: “de las poco menos de 52 mil mujeres de la entidad que reportan violencia laboral, 92% mencionan ser víctimas de discriminación y 19% de acoso laboral.” No podemos obviar este contexto al analizar la decisión de suspender el programa. En un Estado en el que las cifras son alarmantes, el mensaje es que el problema no es prioritario.
La violencia contra la mujer es un hecho, los datos muestran la necesidad de contar no sólo con programa para atender a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, sino como programas para prevenirlo. Los estudios de género muestran que una de las principales formas más eficaces de prevenir la violencia en contra de las mujeres es haciéndolas económicamente autónomas. Resulta, pues, paradójico que la Secretaría de Salud del estado no sólo suspenda el programa de atención a la violencia, sino que lo haga mediante el despido de las trabajadoras del programa, la mayoría de ellas mujeres. Al daño que implican los despidos, habrá que agregarle el que se hayan anunciado justo la semana en que el mundo se dio a la tarea de despertar conciencias sobre el problema, con ceremonias, foros y pronunciamientos por doquier, desde el INEGI hasta la Presidencia de la República.
División de Estudios Jurídicos, CIDE
