- La falta de comunicado oficial motivó la promoción del punto de acuerdo
- El Legislativo habría invadido esferas, justificó Muñoz antes de votar en contra
La votación quedó 18 contra nueve. Los números fueron suficientes para que el Congreso del Estado desechara lanzar un exhorto a la Procuraduría General de Justicia en búsqueda de datos que ayudaran a entender cómo Ulises Morín Ortiz pasó de la custodia de policías ministeriales a la cama de un hospital, donde se supo permanecía vigilado y en estado grave.
Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y del Trabajo rechazaron durante la sesión ordinaria de ayer el punto de acuerdo redactado por la parcialidad del blanquiazul.
Sólo el priísta Luis Fernando Muñoz, titular de la Comisión de Justicia, subió a tribuna para exponer los motivos de la negativa.
En principio dijo que en el grupo mixto compuesto por PRI y PVEM “nos pronunciamos porque las investigaciones e indagatorias lleguen hasta sus últimas consecuencias para esclarecer el lamentable suceso”.
Tras anotar que los derechos humanos son “inviolables ante cualquier exceso de poder”, añadió que “hacer una propuesta a ligera, sin conocer la versión de ambas partes… nos ubica en una irresponsable invasión de competencias, erigirnos en supra Ministerio Público del Ministerio Público resulta inadmisible para esta soberanía”.
Muñoz también refirió que el principio constitucional de división de poderes debía prevalecer.
“Seamos prudentes en los juicios anticipados, esperemos tiempos y momentos hasta que las investigaciones concluyan y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita una resolución sobre este tema”.
Mario Álvarez Michaus negó que el panismo tratara de mediatizar el asunto. Manifestó que en el punto de acuerdo se solicitaba “a la autoridad investigadora que rinda un informe que aclare los hechos acontecidos al ciudadano Ulises Morín Ortiz el pasado 19 de noviembre del 2013”.
El documento además requería a la Procuraduría señalar si existe alguna indagatoria penal en contra de Morín, quien se supone fue aprehendido por robo domiciliario.
“Que se informe cuál es el delito por el que se le persigue, quiénes aparecen como ofendidos y si se respetaron sus garantías constitucionales”.
La réplica también rozaba a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A este organismo se le pedía dar seguimiento a la queja levantada por la familia del jardinero, motivada en el presunto ejercicio de tortura.
Lo anterior, mencionó Michaus antes de que el punto de acuerdo pasara a votación, “deviene de un gran cúmulo de dudas, viene de una versión que se dice que no conocemos. Esa versión no la conocemos porque no existe, porque no ha habido un comunicado oficial de parte de la autoridad que nos pueda aclarar qué fue lo que pasó en esa fecha”.
Ya en asuntos generales los legisladores Adolfo Suárez y Sylvia Garfias, ambos de Acción Nacional, reprocharon la decisión tomada por los contrarios al exhorto.
Foto: Archivo LJA
