Por: Alejandro Anaya Muñoz
Cuando se habla sobre los desafíos y problemas de derechos humanos de una sociedad, a menudo se insiste en la importancia de la educación en la materia. Sobre todo, es común que se enfatice la necesidad de “educar a la sociedad”, para que conozca sus derechos, los mecanismos o instancias para su defensa y demás. Esto sin duda es de gran importancia en países como el nuestro en el que a pesar de una larga tradición garantista formal, en la práctica no tenemos realmente una cultura de valoración y por lo tanto de respeto a los derechos humanos. En efecto, en un contexto así es sumamente pertinente el diseñar y poner en práctica políticas públicas en el área educativa que poco a poco vayan haciendo que las nuevas generaciones internalicen a los derechos humanos de tal manera que los entiendan “en automático” como elemento valioso y fundamental en la organización social. También es necesario, por supuesto, el hacer esfuerzos para que los adultos o en general la población fuera del sistema educativo formal pueda llegar a reconocer el valor y los méritos de los derechos humanos. Sin duda, la labor de una comisión pública de derechos humanos en este tipo de tareas es fundamental; no tanto directamente poniendo en marcha campañas educativas o de sensibilización, sino más bien propiciando e impulsando de manera muy activa políticas públicas pertinentes y acompañando a las dependencias correspondientes en su diseño e implementación.
Sin embargo, puede ser que “educar a los servidores públicos” sea más importante que “educar a las sociedad” en general. Aunque quizá sea más preciso, en este caso, hablar en términos de socialización que de educación. La socialización implica el introducir a un individuo o a un grupo social en un aparato normativo novedoso o desconocido, de manera que por distintas vías o mecanismos y con el tiempo lo llegue a reconocer como válido y legítimo, o al menos como vigente en la práctica. ¿Cómo hacer que los funcionarios públicos, al ejercer sus funciones, piensen de manera natural y habitual dentro de un marco de derechos humanos? ¿Cómo hacer, en otras palabras, que “se pongan el chip” de los derechos humanos? Ese es el gran reto para todos los interesados en los derechos humanos, incluyendo por supuesto a las comisiones públicas.
Estoy convencido de que los “cursos de capacitación”, las conferencias, los seminarios y demás esfuerzos de este tipo dirigidos a servidores públicos no son la solución. Muchas veces, incluso, pueden ser contraproducentes: a menudo, los funcionarios acuden prácticamente por la fuerza y por lo tanto sin disposición a cuestionar y en su caso renovar sus propios marcos de principios y valores. Así las cosas, insisto, es poco lo que se puede lograr. Seguramente con esquemas pedagógicos participativos, como los de un taller bien diseñado y dirigido, se puede avanzar más que con aburridas ponencias en las que los participantes simplemente escuchan desde una silla más o menos incómoda. Sin embargo, el camino más rápido y eficiente hacia la socialización en materia de derechos humanos no es el de la persuasión argumentativa sino el de la persuasión instrumental. Me explico. Los actores sociales, y sobre todo aquellos inmersos en la política, son actores racionales, que buscan maximizar su beneficio. En la medida en que cierto comportamiento genere algún tipo de costo lo tratarán de evitar. Por otro lado, conforme experimenten que en la práctica un marco normativo nuevo o diferente está marcando la pauta en la definición de los esquemas de costos y beneficios, reconocerán su validez o al menos su vigencia. Aunque sea “a la mala”, los actores sociales aprenden cuáles son las normas que importan. Aquí, evidentemente, ya no estamos en el terreno de lo que comúnmente entendemos por “educación”, sino en el de un cálculo instrumental: ¿cuáles son los costos y los beneficios de tal o cual acción, de acuerdo con los marcos normativos imperantes? Un proceso de socialización implica entonces el confrontar a los actores sociales con un marco normativo distinto, de tal manera que “aprendan” que hay “nuevas reglas del juego” y que no seguirlas tendrá consecuencias.
Llevando estas reflexiones al tema de las comisiones públicas de derechos humanos, una herramienta de socialización fundamental es la emisión de recomendaciones y la elaboración de informes temáticos críticos. En la medida en que se logre imprimir a recomendaciones e informes un costo social y político y en la medida en que aquellas y éstos señalen pautas de lo que se considera como comportamiento permitido o apropiado, podrán ser herramientas poderosas para la generación de procesos de socialización en materia de derechos humanos. El relegarlas a un segundo plano no parecería ser una buena idea.
