- Cada vez disminuye más la edad promedio de inicio y un aumento en el consumo por mujeres
- Las penalidades van de 3 a 6 años y de 4 a 8, dependiendo de la hipótesis, con agravantes de 7 a 15 años de prisión
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) es una instancia rectora para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México dirigida por Rafael Camacho Solís, quien manifestó tenerse una gran problemática en el abuso del consumo del alcohol en México con una promedio de 32 por ciento de usuarios, que representa a un poco más de dos millones de personas, cuando menos de dos millones fuman tabaco, y sólo medio millón utiliza otro tipo de drogas ilícitas.
Las tendencias son preocupantes pues cada vez disminuye más la edad promedio de inicio y hay un aumento en el consumo de drogas por mujeres; entre la encuesta del 2009 y la 2012 a nivel bachillerato -12 y 17 años- se disminuyó el consumo de todas las drogas legales, el abuso del alcohol bajo de 23.3 por ciento a 22.5 por ciento, mientras que el tabaco bajó del 15.9 a 14.9, y los psicoactivos volátiles (inhalables) del 4.2 al tres por ciento.
Pero creció el consumo de las drogas ilegales como la marihuana, del 4 al 6.6, las metanfetaminas del 0.7 al 1.3, y la cocaína del 0.8 al 1.1 por ciento. Las tendencias señalan que entre los 10 y 19 años de edad es la etapa donde ocurre todo, es decir, el consumo de alcohol, tabaco, inhalantes y metanfetaminas, así como el comienzo de la actividad sexual, conductas antisociales e incluso intentos suicidas.
En el Distrito Federal se cuentan registrados alrededor de mil 900 centros de tratamiento, de los cuales 94 por ciento están señalados como de ayuda muta, el tres por ciento por asociaciones civiles, dos por ciento del sector público y sólo el uno por ciento de asistencia privada. 61 centros cuentan con registro IAPA y 20 con reconocimiento federal, cabe señalar que el Instituto no puede clausurar el lugar pero si suspender actividades, por ello de las mil 343 visitas de verificación que ha realizado, ha suspendido a 13 centros y siete continúan sin operar.
“No es casual que el gobierno no le haya entrado al tratamiento de las adicciones”, el titular del IAPA indicó que a los médicos no les gusta el tema porque los niveles de éxito son muy bajos y los de recaída son muy altos, por lo tanto los especialistas prefieren no atenderlos lo cual causa un grave déficit en el tratamiento de las adicciones y del problema en general del tema.
Para Camacho Solís sí se dispone de un arsenal de leyes, normas y reglas que prohíben la venta de droga; antes de dar pasos hacia otros lados bastaría con aplicar la ley para reducir drásticamente el consumo de droga entre los adolescentes.
Por su parte haciendo una comparativa con Aguascalientes, Gerardo Macías, coordinador estatal de salud mental y adicciones del ISSEA, señaló que la situación a nivel local no es tan agravante como en la metrópoli, sin embargo el Estudio Nacional de Adicciones manifestó que la Región Centro-Occidente (Colima, Nayarit, Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes) ocupa el quinto lugar en el consumo de cocina y marihuana.
Por ello en el estado se rehabilitó el programa de prevención, atención y capacitación de las adicciones; se tienen hasta el momento 22 centros estatales de atención a las adicciones que, además del uso de alguna sustancia adictiva, tratan problemas mentales que derivan la acción del suicidio, que en Aguascalientes es un problema que ha persistido con aumentos estratosféricos en los últimos tres años.
Marcela García Torres, titular de la Fiscalía Central Narcomenudeo, unidad de reciente creación con tan sólo 15 meses de actividades, informó que en México la investigación del narcomenudeo aún está a cargo del Ministerio Público en el Distrito Federal, “el cambio está vinculado a una reforma estructural integral vinculada con el problema de salud pública”, ya que la federación, al momento de detectar que el problema, estaba rebasado; decidió que las entidades federativa se hicieran cargo de este problema, abatiendo el narcomenudeo a través de una reforma constitucional en el 2005, dando competencia concurrente a los estados mexicanos.
En el 2008, en una confederación nacional de procuración de justicia, se hicieron las bases patentes en cinco ejes rectores: regular la materia concurrente, el programa de prevención del delito y tratamiento de adicciones, derivar a los farmacodependientes para que su rehabilitación sea exitosa y la parte conducente con el intercambio de información entre cuerpos policiacos, otros estados y países.
Por primera vez se le da un trato humanitario a los farmacodependientes y crea un observatorio ciudadano, que en este caso son comités en cada entidad federativa que vigilan la actividad y transparencia del Ministerio Público o autoridades que intervienen en la procuración de justicia.
La reforma a la Ley General de Salud que prevé un capítulo específico sobre los delitos del narcomenudeo (capítulo 7), da un tiempo de tres años para los estados adecuen su normatividad o implementen el combate al narcomenudeo. En el Distrito Federal el 21 de agosto del 2012 se emitió el cómo se retomaría la materia del narcomenudeo referente a ocho narcóticos con una dosis determinada.
La Fiscalía se creó entonces con tres áreas establecidas; la de detenido, sin detenido y una operativa, la cual se encarga de ajustar las medidas de cateo con la finalidad de detener a las personas intramuros; se trabaja en trilogía pericial, es decir, un químico, un criminalista y un fotógrafo acompañados de dos células de policía, una para la investigación en oficina y otra en campo.
Se decidió entonces tomar el tema de la siguiente manera: con múltiplos de mil de la cantidad de los ocho narcóticos que posea una persona, decide que para la posesión simple, que es cuando el consumidor presenta una cantidad máxima permitida por la ley, sea atendida en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
La posesión con fines de comercio, venta o suministro, es un área que le compete a la Fiscalía, donde se detiene a los operadores de narcótico y los narcomenudistas, en este caso las penalidades van de 3 a 6 años y de 4 a 8 dependiendo de la hipótesis, si es con fines de comercialización o cuando ya llevó a cabo el traspaso del narcótico por el dinero.
Se cuenta con las agravantes de 7 a 15 años cuando son casos en donde intervienen servidores públicos, cuando se hace el rango de acción en un área cercana a 300 metros de centros asistenciales o de reclusión, así como cuando son utilizados algunos profesionistas, como químicos o médicos, para intervenir en el proceso de elaboración de la droga; según la fiscal, actualmente el índice de ejercicio de acción penal por la Fiscalía es muy alto, teniendo sentencias condenatorias en la mayoría.
En estos 15 meses de trabajo se han detenido a mil 528 personas, consignados a juez penal a mil diez personas, por delito no grave a 74 personas y 156 situaciones agravadas. A nivel nacional, ésta es la primer institución que ha logrado tener ocho juicios de extensión de dominio con cinco inmuebles entregados al mandatario judicial, incautando 315 mil 618 kilos de marihuana y cuatro mil 592 de cocaína.
De los 77 inmuebles asegurados, 33 ya están en proceso de extinción presentados ante un juez civil; en caso especial, la fiscal manifestó el aseguramiento de un hotel de consumo seguro en Tepito, correspondiente a un cártel que llamaba mucho la atención de la fiscalía pues en sus muros colocaban carteles con los precios y formas de pago, y al final señalaban “gracias por su preferencia”.
En general esta área de la Procuraduría General de la República cuenta con un 82.1 por ciento de efectividad en sus acciones; las zonas más álgidas de consumo y posición simple es la nororiente del Distrito Federal.
En consenso de la mesa de trabajo durante la presentación del estudio regional sobre drogas y derecho en el CIDE Región Centro Occidente, se llegó a la conclusión de la necesidad de trabajar en las llamadas drogas de inicio, así como de la protección de los menores de edad; tanto el alcohol como el tabaco son sustancias permitidas por la ley y, por lo tanto, no son temas de gran importancia para su control sino aquellas de nivel ilícito. Es de vital importancia atender primero los problemas de las drogas legales (alcohol y tabaco) para llegar al control y, en su caso, erradicación de las ilegales.
